Canarias denuncia la ‘opacidad’ de la Declaración de Impacto Ambiental de las prospecciones petrolíferas

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, ha criticado el «oscurantismo» y la «falta de transparencia» que ha habido durante la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada el pasado jueves por el Ministerio de Medio Ambiente que da el visto bueno a los sondeos petrolíferos en aguas cercanas a Canarias.

   En declaraciones a los medios tras la celebración de un consejo de gobierno extraordinario, José Miguel Pérez recordó que el Ejecutivo canario presentó una serie de alegaciones «muy potentes» a este estudio, pero no ha recibido contestación oficial por parte del Estado. «Todavía no conocemos la declaración de impacto ambiental, sólo el resumen que se ha publicado en la página web del Ministerio», apuntó

   El vicepresidente insistió en que las alegaciones que se presentaron al proyecto eran «muy contundentes» porque los riesgos eran «evidentes». Por tanto, considera «urgente» que el Gobierno de España admita la solicitud hecha hoy por la Comunidad Autónoma para que se celebre una consulta popular sobre las prospecciones.

«No se puede trabajar de espaldas a la ciudadanía, ni contra la voluntad de los canarios, y si tienen miedo, tienen que permitir que la gente pueda expresarse libremente», subrayó.

   Si finalmente el Estado no permite la celebración de dicha consulta, José Miguel Pérez ha advertido de que hay formas de participación «muy diversas» que permitirían al Gobierno de Canarias recabar la opinión de los canarios «dentro de la ley».

   Respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico presente una denuncia por la vía penal contra el expediente que autoriza los sondeos petrolíferos, el vicepresidente canario dijo que habrá que esperar a que éste concluya. «A partir de ahí tendremos tiempo de presentar los correspondientes recursos, pues ha habido cosas raras», señaló.

   José Miguel Pérez también hizo alusión al proyecto de declaración de Lugar de Interés Comunitario (LIC) en aguas de Lanzarote y Fuerteventura y recordó que el Gobierno de Canarias se ha dirigido en tres ocasiones distintas al Ministerio de Medio Ambiente para recabar información acerca de este asunto.

   «Sin embargo, no sabemos nada, prueba de cómo trabaja el Gobierno de España, de espaldas a las administraciones públicas», criticó.

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