La organización ecologista denuncia que el artículo 27.3 de la Ley valenciana 3/2014, de Vías Pecuarias, ya en vigor, contradice frontalmente y de manera insalvable por vía interpretativa la legislación básica aplicable, con un sentido y un alcance totalmente opuestos a lo establecido por la Ley estatal 3/1995.
Ecologistas en Acción considera que la preservación de la red de vías pecuarias es una pieza clave para la efectividad del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, ya que, además de ser imprescindibles para el mantenimiento y la recuperación de los métodos ganaderos más sostenibles, desempeñan una valiosísima función como corredores ecológicos y su valor histórico y cultural es innegable.
La organización ecologista denuncia que el artículo 27.3 de la Ley valenciana 3/2014, de Vías Pecuarias, ya en vigor, contradice frontalmente y de manera insalvable por vía interpretativa la legislación básica aplicable, con un sentido y un alcance totalmente opuestos a lo establecido por la Ley estatal 3/1995.
Ecologistas en Acción recuerda que ya ha habido resoluciones judiciales contrarias a planteamientos de esta nueva ley valenciana como es la incompatibilidad de las vías pecuarias y el establecimiento de viales sobre las mismas. El Tribunal Supremo ha interpretado la normativa básica y rechaza de plano que en las vías pecuarias el tránsito de vehículos de motor no agrícolas pueda ser un uso habitual. Por ello, considera que el uso de viarios es incompatible con la vías pecuarias, ya que tales usos deben ser ’acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural’, características ausentes en el uso de viario.»
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- Petición a la Defensora del Pueblo
En esta nueva normativa, en lugar de luchar contra los usos incompatibles con las vías pecuarias y establecer las medidas de protección y restauración que la situación valenciana requiere, el legislador autonómico ha optado por admitirlos de forma general e indiscriminada en los tramos de vías pecuarias que atraviesen suelos urbanos. No sólo se legalizan los usos motorizados indebidos sino que éstos se autorizan de forma absoluta e incondicionada (con el único límite de una teórica prioridad del paso de ganado) siempre que atraviesen núcleos urbanos, polígonos industriales y urbanizaciones; lo que, dadas las condiciones de dispersión del urbanismo valenciano, que ha salpicado el territorio de actuaciones de edificación, puede tener unas dimensiones catastróficas para la integridad e idoneidad de la red de vías pecuarias.
Para Ecologistas en Acción resulta muy esclarecedor el contenido del informe de contestación a las alegaciones presentadas al anteproyecto de ley en la fase de audiencia ciudadana, elaborado por la Dirección General de Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, que rechazaba una alegación de términos casi idénticos a los del artículo 27.3. En el trámite parlamentario el Partido Popular admitió una enmienda de ese artículo promovida por Compromís, una de las pocas enmiendas admitidas a la oposición parlamentaria, que asumió los planteamientos de la Unió de Llauradors i Ramaders en ese sentido.
Por estas razones, irregularidades e incompatibilidades con la legislación estatal, de rango superior, Ecologistas en Acción ha solicitado que se interponga recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana, por infracción del artículo 149.1.23.ª de la Constitución, en relación con los artículos 45 y 46 de la misma.
La Ley 3/2014 Valenciana de Vías Pecuarias es perfectamente prescindible, pues no supone ningún avance ni mejora respecto de la Ley 3/1995, básica estatal, sino que supone un auténtico retroceso. Ya en las dos legislaturaturas anteriores el partido en el Gobierno tramitó sendos anteproyectos de leyes de vías pecuarias, que no llegaron al término parlamentario por agotarse la legislatura, pero en las que no se atrevió a plantear incumplimientos tan graves de la Ley 3/1995 como los que se han aprobado ahora.
