La investigación analizó el hipotético impacto de dicha prohibición sobre el empleo en la UE, así como las consecuencias, a corto, mediano y largo plazo, que dichos pesticidas podían tener sobre la salud y el medio ambiente en los países importadores.
El informe es concluyente: la prohibición en la fabricación y exportación de estos pesticidas peligrosos no constituiría una amenaza para el empleo, ni un impacto significativo en la economía de la UE, mientras que tendría un impacto significativo y positivo en la salud de la población y en el medio ambiente de los países importadores.
Los pesticidas y el doble rasero de la UE
La Unión Europea sigue un doble rasero a la hora de proteger la salud y el medio ambiente frente al riesgo ocasionado por los plaguicidas más tóxicos: mientras que ha mejorado la protección en su territorio, prohibiendo el uso de más de 247 sustancias activas, sigue produciendo y exportando estas mismas sustancias prohibidas a terceros países, que en su mayoría carecen de la capacidad para gestionar los riesgos que entraña su uso.
Ecologistas en Acción, Comisiones Obreras, la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB), la Red Europea de Acción contra los Plaguicidas (PAN Europe) y la organización Public Eye presentan el informe ‘Doble rasero, doble riesgo: España debe prohibir sus exportaciones de plaguicidas prohibidos’.
El informe da a conocer la enorme magnitud de las exportaciones españolas de plaguicidas prohibidos y de los impactos que causan dentro y fuera de nuestras fronteras, recomendando que España cese la fabricación y exportación de plaguicidas cuyo uso está prohibido en la Unión Europea.
El Estado español, en el año 2023, autorizó la exportación de cerca de 17.000 toneladas de plaguicidas prohibidos, en su mayoría a países del Sur global, según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica.
La principal sustancia exportada fue el 1,3-dicloropropeno (o 1,3-D), un fumigante de suelos utilizado en el cultivo de hortalizas y frutas, del que España exportó casi 13.000 toneladas, principalmente a Estados Unidos y Marruecos, a pesar de estar prohibido en la UE desde 2007 y de estar clasificado como probable carcinógeno por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos.
Como en un efecto boomerang, los plaguicidas prohibidos vuelven a España como residuos en los alimentos importados desde los países extracomunitarios. Según los últimos datos disponibles, del año 2022, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) detectó 6 plaguicidas prohibidos en alimentos importados, entre ellos en el arroz, el trigo, las ciruelas o las judías.
Solo 10 empresas exportan plaguicidas prohibidos desde el territorio español, siendo Teleos Hispania SLU, responsable por sí sola de más del 40% del volumen exportado, seguida por Agroquímicos del Levante, Tris Hispania SL, Bayer y el gigante americano Corteva.
La prohibición de la exportación de plaguicidas prohibidos no constituiría una amenaza para el empleo, ni un impacto significativo en la economía de la UE, según un estudio de PAN Europe. De hecho, en Francia, tras implantar la prohibición de exportar plaguicidas prohibidos, han observado un número insignificante de pérdidas de puestos de empleo, según las investigaciones realizadas por periodistas independientes.
Lo mismo ocurriría en España, dado el bajo número de trabajadores de las principales empresas exportadoras de plaguicidas prohibidos. Así, Teleos Hispania y Tris Hispania, responsables de la mitad de las exportaciones, son consultoras, con menos de 10 trabajadores.
Además, comparten sede social y uno de los dos administradores únicos, Francisco Javier Díaz de Bustamante Terminel, que combina este puesto con el de Presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y Presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Madrid (ACHPM). La segunda empresa en el ranking de exportaciones, Agroquímicos del Levante, dedicada a la desinfección de suelos, tiene una plantilla inferior a 50 personas.
Basta de plaguicidas prohibidos
La exportación de plaguicidas prohibidos tiene impactos devastadores tanto para la salud humana como para el medio ambiente del Sur global, lo que supone una violación de los derechos humanos. Vendidos muchas veces en bolsas de plástico, sin información de sus peligros, estos plaguicidas causan decenas de muertes infantiles por envenenamiento, como las reportadas desde septiembre a noviembre de 2024 por organizaciones de Camerún y Sudáfrica. Además, su uso por las y los agricultores sin ninguna información ni medida de protección personal se estima que causa la muerte de 11.000 personas cada año en el mundo.
Pero estas exportaciones tóxicas también tienen impacto en la salud de la población europea, ya que los pesticidas prohibidos vuelven a nuestras mesas contaminando los alimentos importados. Además, suponen una competencia desleal para las y los agricultures europeos, que no pueden utilizar estas sustancias que la Unión Europea vende al exterior.
Los datos analizados en el informe llevan a las organizaciones a pedir a las administraciones españolas que prohíban las exportaciones de sustancias activas y mezclas prohibidas en la UE, cumpliendo el compromiso que España ya apoyó en el Consejo Europeo de marzo de 2021 y cumpliendo el compromiso de acabar con el ‘doble rasero’ de la Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas.
De manera complementaria a la prohibición, solicitan que España apoye la prohibición de la importación de alimentos con residuos de pesticidas prohibidos en la UE y rechace el aumento del Límite Máximo de Residuos de plaguicidas permitidos en alimentos importados así como que mejoren el control y seguimiento de importaciones en aduanas, dado el impacto negativo para la salud de la población consumidora y la competencia desleal para la agricultura española.
