La representante de la Fundación Nueva cultura del Agua, Julia Martínez, ha destacado que estas propuestas han sido trabajadas y maduradas durante meses y años y que ya han sido remitidas a los distintos partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 26 de junio pero, de momento, solo se ha recibido «el acuse de recibo».
Un total de 17 ONG ambientales y de defensa del agua han presentado este martes 14 de junio un documento consensuado que han remitido a los diferentes partidos políticos y en el que reclaman una serie de reformas en la normativa, política, gestión e instituciones del agua de cara a las elecciones generales del próximo 26 de junio. Entre las más inmediatas, piden una revisión del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura y el establecimiento de hojas de ruta para reducir la dependencia e impactos de los trasvases.
La representante de la Fundación Nueva cultura del Agua, Julia Martínez, ha destacado que estas propuestas han sido trabajadas y maduradas durante meses y años y que ya han sido remitidas a los distintos partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 26 de junio pero, de momento, solo se ha recibido «el acuse de recibo».
A este respecto, el responsable de programas de agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, aspira a que «cuando haya Gobierno» todos los partidos lo apliquen de verdad y lo lleven a la práctica, porque cree que con carácter general, en lo teórico, no hay ninguno que esté en contra de sus propuestas, pero «en lo concreto, defienden los intereses particulares de las empresas»
 |
  |
Por un lado, según han explicado en rueda de prensa, exigen una serie de medidas urgentes y de acción inmediata para el próximo gobierno, como reconocer por ley el derecho humano al agua en España; restringir la compraventa de derechos del uso del agua y condicionar el uso de esta herramienta a criterios de transparencia, sostenibilidad e interés general; liquidar «ordenadamente» las Sociedades Estatales de Aguas, «que dan lugar a corrupción», y devolver sus competencias a la Administración Pública; y aplicar una política de recuperación de costes del uso del agua que incentive el uso eficiente del recurso.
Además, Martín Barajas ha planteado acotar la definición de los conceptos de ‘interés general’ y ‘obra de emergencia’ para evitar abusos; y paralizar o abandonar de forma definitiva las obras hidráulicas con más conflictos ambientales y sociales como, a su juicio, son el dragado del estuario del Guadalquivir, el trasvase del río Castril, el embalses de Alcolea, Yesa, Biscarrués o Mularroya. También plantean abrir un debate social amplio sobre otras alternativas.
Igualmente, piden revisar los regímenes de caudales, reactivar la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, promover infraestructuras verdes como alternativas a los dragados y encauzamientos fluviales, y ampliar el alcance y la aplicación de la figura de Reservas Naturales Fluviales con la protección urgente de más ríos tramos fluviales, como los ríos Hozgarganta, Genal, Grande y Castril, entre otros.
Además, el portavoz de WWF, Rafael Seiz, ha exigido medidas de mayor alcance, a desarrollar a lo largo de la legislatura, como reformar la Ley de Aguas, los organismos de cuenca y los planes hidrológicos del periodo 2016-2021, para garantizar el cumplimiento de la normativa europea; revisar los Planes Especiales de Sequía de acuerdo con la nueva planificación hidrológica y criterios sociales y ambientales; reformar el sistema concesional para ajustar las concesiones a la disponibilidad real del agua y las necesidades hídricas de los ecosistemas y racionalizar y simplificar los trámites administrativos para los usos lúdicos y recreativos.
LEYES MODERNAS CON ENFOQUE AMBIENTAL Y SOCIAL
También consideran necesario derogar la ley de desarrollo agrario que está obsoleta y revisar el concepto de obras urgentes y de interés general, así como promover infraestructuras verdes.
Por ahora, según el responsable de políticas ambientales de SEO/BirdLife, David Howell, no ha habido «seriedad» en los Gobiernos para cambiar las instituciones y la normativa y reclama que el Ejecutivo coordine e integre bien la política de agua con las comunidades autónomas. «Ya está bien de una ley de aguas de otra época que no tiene como enfoque principal el buen estado de las masas de agua», ha apostillado.
Estas organizaciones reclaman también fomentar una mayor participación ciudadana activa en los debates, procesos y órganos de toma de decisión en torno al agua; impulsar la lucha contra las especies invasoras del medio acuático; garantizar una mejor coordinación de la política del agua con otras políticas como las de agricultura, desarrollo rural, conservación de la biodiversidad y ordenación territorial.
El documento termina con dos anexos sobre las cuencas de los ríos Guadiana y Tajo, como ejemplos para ilustrar lo que, en opinión de las organizaciones, demuestra la «necesidad de reformas de calado en las bases, la organización y la aplicación de la política de agua en España».
Para Martín Barajas, el «peor» de todos los planes hidrológicos es el del Ebro, que es «propio del siglo pasado» y planta 400.000 hectáreas nuevas de regadío del total de 700.000 hectáreas que se plantean en los planes de todas las cuencas, así como cinco grandes embalses, mientras plantean caudales insuficientes para la mayor parte de los ríos. Incluso, ha criticado que los planes solo plantean caudales en algunos tramos de los ríos, en concreto, el Ebro para un 8 por ciento del total y el Tajo, un 7 por ciento de las masas de agua.
Por ello, han insistido en reclamar la suspensión inmediata de los proyectos hidráulicos de gran impacto y reformar los planes hidrológicos para que atiendan a las demandas sociales reales.
Todos los firmantes del documento se comprometen a trabajar en la próxima legislatura para conseguir los cambios necesarios para encaminar la política del agua hacia la sostenibilidad, la justicia y la legalidad, y así garantizar la calidad ambiental de los ríos, acuíferos y humedales como condición imprescindible para el uso sostenible de este recurso natural tan preciado en España.
Igualmente, las entidades firmantes esperan que los partidos políticos recojan estas propuestas de cara a la próxima legislatura. Se trata de AEMS-Ríos con Vida; Asociación en Defensa del Piragüismo y los usos Recreativos del Agua; Asociación Ojos del Guadiana Vivos; Centro Ibérico de Restauración Fluvial; Coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases; Ecologistas en Acción; Fundación Nueva Cultura del Agua; Greenpeace; Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo; Plataforma por la Defensa del Río Castril; Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua; Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus ríos; SEO/BirdLife; Unión Nacional de Pescadores Conservacionista; URA-Nueva Cultura del Agua; WWF; y Xúquer Víu.
ep
