Anpier, la asociación española de productores de energía fotovoltaica, ha remitido un escrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para exigir que se identifiquen todos aquellos Boletines Oficiales del Estado que contengan normativas que hayan podido ser elaboradas o condicionadas en su redacción por empresas del sector eléctrico. Esta asociación ha solicitado al Gobierno que inicie una investigación de forma inmediata para aclarar esta cuestión y pide a los grupos parlamentarios que, si el propio Ministerio no activa dichas pesquisas, reclamen la comparecencia del Ministro en la Cámara Baja, para explicar por qué se habría hurtado a la soberanía popular la facultad que ésta ha delegado en el Legislativo para elaborar las leyes.
Para Anpier es alarmante que, según ha recogido recientemente el diario El Mundo con respecto a la relación de las eléctricas con el ministro José Manuel Soria, éste ministro haya afirmado que «Las eléctricas están acostumbradas a hacer el BOE, pero eso se acabó”[i]. Esta asociación considera obligado conocer los intereses que se hayan podido llegar a defender torticeramente desde los órganos del Estado e identificar a los responsables de estas presuntas actuaciones.
Está situación resulta especialmente grave considerando que el accionista mayoritario de Endesa es Italiano y que el mayor accionista de Iberdrola es Catarí, puesto que, como alerta el Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca “la definición del escenario energético de España han podido estar sometido a consideraciones ajenas a los propios intereses de los ciudadanos españoles y podría llegar a explicar la incomprensible apuesta por combustibles fósiles, caros y contaminantes procedentes del exterior, en detrimento de las energías renovables españolas: baratas, limpias y autóctonas, a las que se les estigmatiza públicamente y culpabiliza incluso del déficit de tarifa con datos falaces”.
A la patronal fotovoltaica le preocupa que este influjo haya podido estar vinculado o favorecido por el elevado número de ex altos cargos de los diferentes partidos políticos en el Gobierno que luego han pasado a formar parte de estas empresas y teme que esta práctica haya podido alcanzar a la redacción de la nueva Ley del Sector Eléctrico, que ha sido aprobada con urgencia y sin dialogo, y a pesar de no contar con el apoyo de la mayoría de las fuerzas parlamentarias y en contra de la opinión de Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo de Estado, e incluso con numerosos recursos de Inconstitucionalidad. Cuando una Ley de este calado y trascendencia ha de elaborarse sobre la base del consenso político, social y territorial, puesto que el modelo energético seleccionado determinará de manera decisiva el bienestar de los ciudadanos españoles.
[i] http://www.elmundo.es/economia/2013/12/22/52b6072422601dc3418b457c.html
AMPIER
