“Casi todos los países latinoamericanos que enfrentan altos niveles de homicidios también tienen maderas preciosas, metales e hidrocarburos. Honduras es un buen ejemplo de ello y ha pagado con la vida de muchos de sus hijos, el afán de dinero y poder de unos pocos.”
Se recrudece la represión
En Honduras la represión que se practica sobre el activismo ambiental es cada vez más violenta; son tan graves las cifras, que superan con creces a las de la violencia criminal, pero las cosas siguen igual que cuando mataron a Berta Cáceres o peor.
De 2010 a 2014, más de 100 activistas ambientalistas hondureños murieron. Para 2014, el país estaba viviendo manifestaciones masivas contra la actividad corporativa en Río Blanco, el mismo río defendido por Berta y su grupo; en la actualidad siguen asesinando gente por defender sus tierras o el medioambiente.
Honduras es rica en recursos naturales y el 41.5% de su territorio está cubierto de bosques. Sin embargo, es el tercer país más pobre de las Américas. Las condiciones económicas, ambientales y sociales vienen empeorando día a día.
Los hondureños más pobres viven en zonas rurales, donde las actividades agrícolas, madereras y ganaderas de larga data han creado una crisis ambiental. La deforestación generalizada, la erosión y la degradación ambiental están exponiendo a las comunidades a desastres naturales.
Es por eso que los agricultores y los grupos indígenas se están organizando cada vez más contra los intereses corporativos en sus selvas y por esa misma razón están siendo amenazados, asesinados y desplazados.
La ilegalidad es moneda corriente
En zonas rurales supuestamente protegidas se practica de forma ilegal, tanto la tala indiscriminada como la extracción de minerales, sin ningún control y creando un desastre ambiental por contaminación y ruptura del equilibrio ecológico, de proporciones inimaginables.
La biosfera del Río Plátano, una de las tres mayores áreas protegidas del país y el distrito de La Ceiba, cerca de la zona de conservación del Pico Bonito, están controladas por pandillas y cárteles que gestionan la producción ilegal minera y maderera.
Según un informe de Global Witness, entre 2006 y 2007, el Estado hondureño pagó más de 1 millón de dólares a los traficantes de madera, por lo que se lo considera un socio en esta extracción ilícita practicada por la industria maderera, que ha contribuido (y lo sigue haciendo) a la deforestación en Centroamérica.
Lo más preocupante es que aparentemente de nada ha valido que el mundo entero señalase con el dedo al gobierno de Honduras ante su inacción a la hora de poner coto a estas actividades y de castigar a los asesinos de activistas. Han dejado pasar el tiempo para que otras sean las noticias y ellos se limitan a seguir haciendo la “vista gorda” y a llenarse los bolsillos.
