En contra de la normativa europea y nacional que promueve la conservación de ecosistema marinos, España todavía otorga licencias para la pesca de arrastre de fondo en áreas marinas protegidas: en el Mediterráneo, el Cantábrico y el Golfo de Cádiz.
Las áreas marinas protegidas
Las organizaciones ecologistas Oceana y ClientEarth emprenden acciones legales contra el Gobierno español por permitir sistemáticamente la pesca de arrastre de fondo en áreas marinas protegidas (AMP) en España. Permitir esta actividad de forma generalizada en estas áreas supone un incumplimiento de la normativa nacional y comunitaria sobre medio ambiente y conservación de los ecosistemas marinos. España debe establecer de una vez por todas un plan para iniciar una transición justa hacia un modelo de pesca sostenible a largo plazo involucrando a los pescadores afectados.
España, bajo gobiernos de diferente color político, lleva décadas incumpliendo estas leyes españolas y europeas al permitir la pesca de arrastre de fondo en las AMP situadas en el mar Cantábrico, en el golfo de Cádiz y en el Mediterráneo. Estas zonas albergan hábitats vulnerables y especies emblemáticas y protegidas como la tortuga boba y el delfín mular.
Michael Sealey, asesor político de Oceana en Europa explica que «emprendemos acciones legales contra el Gobierno de España porque hace más de 30 años que se permite la pesca de arrastre en áreas marinas protegidas sin tener en cuenta el impacto medioambiental de esta práctica destructiva en ellas. Según leyes europeas y nacionales, España tiene la obligación de proteger y gestionar adecuadamente estas zonas designadas por su alto valor ecológico y evitar su deterioro. Pedimos que las áreas marinas protegidas dejen de ser papel mojado y que gocen de protección real y efectiva».
Francesco Maletto, abogado de conservación marina de ClientEarth sostiene que «estas zonas frente a las costas españolas deben protegerse porque son esenciales para la biodiversidad, la protección del clima y el sector pesquero. Por eso hay normas de la UE que garantizan su protección. Pero España infringe estas leyes al permitir de forma generalizada la destructiva pesca de arrastre de fondo en estas zonas. Con ello pone en peligro los hábitats y la fauna más vulnerables. Llevaremos el asunto a los tribunales para garantizar que «protegido» signifique realmente «protegido».
Oceana y ClientEarth demandan al Gobierno de España ante la Audiencia Nacional por emitir licencias que permiten sistemáticamente la pesca de arrastre de fondo en áreas marinas protegidas, sin haber realizado, además, ninguna evaluación de sus impactos en los ecosistemas marinos, como dicta la normativa europea.
La pesca de arrastre de fondo en áreas marinas protegidas es una grave amenaza para los ecosistemas marinos y pone en peligro el rol del océano como mitigador del cambio climático. Además, también es una amenaza para la sostenibilidad del sector pesquero a largo plazo debido a que estas áreas son importantes zonas de cría y reproducción de muchas de especies comerciales. España debería tomar estos factores en consideración ya que el país cuenta con una de las mayores flotas pesqueras de la Unión Europea.
El Gobierno tiene que actuar y alinear sus objetivos de pesca con sus compromisos de conservación. Por ejemplo, protegiendo de forma eficaz el 30% de sus aguas para 2030 a través de AMP, según marcan las normativas de la Unión Europea.
Otros países comunitarios como Grecia y Suecia ya están actuando en este sentido. De hecho han anunciado de manera pública que restringirán o prohibirán la pesca de arrastre en todos los fondos de sus áreas marinas protegidas, y en las 20 AMPs del gobierno escocés ya se ha propuesto su prohibición.
