Siete comunidades autónomas han certificado oficialmente el estado de conservación del lobo ibérico en España, reforzando el debate sobre la gestión y protección de esta especie emblemática.
El lobo ibérico, conocido científicamente como Canis lupus signatus, es una subespecie del lobo europeo que habita principalmente al noroeste de la península. Su presencia se concentra en territorios de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, aunque también se registran ejemplares en La Rioja, Madrid y Andalucía.
El estado de conservación del lobo en España, remitido directamente a Bruselas
Acusan al Gobierno de no enviar el informe sexenal a la Comisión Europea y denuncian un bloqueo en la gestión de la especie.
Siete comunidades autónomas con competencias en la gestión del lobo han enviado una certificación del informe sexenal que refleja el estado de conservación favorable de la especie en España a la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall.
La consejera de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, ha sido la encargada de remitir esa certificación del informe emitido por la Comité de Flora y Fauna Silvestres, órgano colegiado adscrito a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y del que forma parte el Gobierno de España.
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El informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo en España
Según informa el Ejecutivo cántabro, la certificación iba acompañada de una carta enviada en nombre de todas las comunidades autónomas que participaron el pasado día 30 de enero de 2026 (País Vasco, Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León) en un encuentro en Santander para abordar la situación del lobo en sus territorios.
En ese encuentro, explica el Gobierno de Cantabria, denunciaron la «rebeldía» del Gobierno central en el cumplimiento de la obligación de comunicar cada seis años a la Comisión Europea el estado de conservación en España de las especies silvestres protegidas, incluido el lobo, y que, para el periodo 2019-2024, tenía que haber enviado el 31 de julio de 2025.
Por ello, el Gobierno de Cantabria recuerda que las comunidades autónomas participantes en el encuentro emitieron un comunicado (apoyado por las Comunidades Autónomas de Andalucía, Valencia, Murcia, Canarias, Baleares y Extremadura y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla), que también se ha remitido a la Comisaria europea.
Esta comunicación y la documentación remitida a la comisaria europea, incide el Ejecutivo cántabro, «viene obligada por la negativa obstativa y reiterada del Gobierno de España a cumplir con mencionada obligación de remitir el informe sexenal antes de la fecha indicada, y que no ha hecho«.
Según añade, la posición del Gobierno es impedir que se haga efectiva la modificación de la directiva europea sobre el régimen de protección del lobo, que flexibiliza su estatus jurídico y permite a las comunidades autónomas gestionar la especie en todo el territorio nacional.
Debate político sobre la gestión del lobo y la ganadería
«Viene obligada por la negativa obstativa y reiterada del Gobierno de España a cumplir con mencionada obligación de remitir el informe sexenal antes de la fecha indicada, y que no ha hecho».
«El Gobierno ha optado por impedir que las comunidades autónomas ejerzan sus competencias para buscar un equilibrio entre la conservación del lobo y la protección de la ganadería. Esta decisión se adopta pese al informe técnico-científico aprobado por la Comisión de Flora y Fauna de la Comisión Nacional de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, órgano estatal de carácter público», reitera el Gobierno de Cantabria.
Y denuncia «una actitud obstructiva que incumple la normativa europea y española con el objetivo de mantener el bloqueo, sin atender a los graves daños que se están produciendo en las explotaciones ganaderas y al impacto que ello tiene en la supervivencia del medio rural».
El Ejecutivo regional recuerda que la Comisión Europea ha iniciado acciones formales contra el Reino de España en relación con la gestión y protección del lobo ibérico en enero de 2026, abriendo un expediente de infracción (carta de emplazamiento) por no remitir el reiterado informe sexenal, que no sólo es de la especie lobo, sino de todas las especies protegidas por la directiva.
«El Gobierno ha faltado a la verdad manifestando que se le había concedido una prórroga en el plazo, inexistentes, buena prueba de lo cual es la apertura del expediente de infracción«, concluye el Gobierno cántabro.
Los informes autonómicos buscan aportar una base científica al debate, destacando la necesidad de combinar conservación y desarrollo rural. La certificación del estado de conservación no implica necesariamente cambios inmediatos en la normativa, pero sí constituye un paso clave para definir futuras estrategias de gestión. El reto, coinciden los expertos, es garantizar la viabilidad del lobo sin agravar los conflictos sociales en las zonas rurales. Seguir leyendo en NATURALEZA.
