El MITECO, dirigido por Sara Aagesen, activará en el sistema eléctrico peninsular un mercado de capacidad con subastas para generación, almacenamiento y reducción de la demanda.
El Gobierno ha puesto en marcha el dar vida a un mercado de capacidad con el que pretende mejorar el refuerzo de la seguridad, así como la resiliencia del sistema eléctrico de nuestro país. Una propuesta que se publicará en breve en el BOE tal y como ha adelantado la propia vicepresidenta Sara Aagesen.
Con esta iniciativa se pretende ofrecer un pago a las instalaciones de generación, almacenamiento y consumidores por garantizar que haya potencia de energía disponible o bien reducir su demanda cuando sea necesario. Las adjudicaciones se realizarán mediante subastas tecnológicamente neutras.
Un nuevo modelo para nuestro sistema eléctrico que busca facilitar las inversión en renovables
La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado esta mañana en el Congreso de los Diputados la inminente publicación en el BOE de la orden ministerial por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico español, “un instrumento que hará nuestro sistema eléctrico más robusto y resiliente”, según sus palabras.
Este nuevo mercado preservará la seguridad de suministro, ofreciendo a la par señales de inversión para que el almacenamiento y la gestión de la demanda se incorporen definitivamente al sistema y se avance ordenadamente hacia una economía neutra en emisiones de carbono.
El mercado de capacidad nace tras un intenso trabajo del MITECO con la Unión Europea, que incluye la reforma de la normativa comunitaria para eliminar la condición de temporal de este tipo de mecanismos –logrado durante la Presidencia Española de la UE– y la conformidad del modelo español con las reglas relativas a las Ayudas de Estado, obtenida a finales de mayo.
En la UE se han incrementado el número de estados (Italia, Francia, Bélgica…) que están desarrollando este tipo de mecanismos. Alemania ha sido el último en obtener la aprobación de la Comisión Europea, este mismo mes de septiembre.
Retribución económica a cambio de reducir el consumo o bien de disponibilidad
Las instalaciones de generación y almacenamiento, así como la demanda –los consumidores y los agregadores– podrán participar en este mercado, de ámbito peninsular. Percibirán una retribución por aportar firmeza y flexibilidad al sistema eléctrico, bien por estar disponibles para inyectar electricidad en las redes o bien por reducir el consumo, siempre a requerimiento del Operador del Sistema.
La prestación del servicio se adjudicará con subastas tecnológicamente neutras de potencia firme (MW) y precio (€/MW/año), en las que se otorgará el precio ofertado (sistema pay-as-bid). Las centrales de generación no podrán emitir más de 550 gr/CO2/kWh, tendrán que cumplir los requisitos de firmeza y flexibilidad que fije cada subasta, y no cobrarán ningún tipo de retribución regulada.
Para incentivar la incorporación de tecnologías no fósiles, cuando se participe en las subastas con proyectos futuros –nuevas inversiones–, éstos solo podrán ser de renovables, almacenamiento o demanda.
Tres tipos de subasta, distinto horizonte futuro
Las instalaciones de generación y almacenamiento, así como la demanda –los consumidores y los agregadores– podrán participar en este mercado, de ámbito peninsular.
Se organizarán tres tipos de subastas, cuyo volumen y periodicidad dependerá de las previsiones de demanda y de las necesidades de potencia firme identificadas con los correspondientes análisis de cobertura a cinco años vista:
- Subasta principal. Podrán participar las instalaciones existentes y los nuevos proyectos de renovables, almacenamiento o demanda que vayan a prestar servicio a partir de la fecha que fije la convocatoria, hasta cinco años después de la adjudicación. De este modo se garantizan ingresos a futuros proyectos, facilitando su viabilidad y abaratando su financiación.
El periodo de prestación del servicio será distinto en función del tipo de instalación (existente o nueva inversión) y del tipo de tecnología. Con carácter general, se celebrarán anualmente, siempre que se hayan detectado necesidades de firmeza, y la duración del servicio será de un año para instalaciones existentes, hasta 15 años para nuevas inversiones, y entre uno y 10 años para nuevas demandas.
- Subasta de ajuste anual. Sólo podrán participar instalaciones ya operativas, que prestarán el servicio durante 12 meses, a contar a partir de una fecha definida en la convocatoria, dentro de los siguientes 12 meses desde la adjudicación. Diseñadas para resolver situaciones coyunturales, deberían otorgar menos capacidad firme que las subastas principales, con las que convivirán.
- Subasta transitoria. Garantizará la firmeza del sistema eléctrico hasta el año de inicio de la prestación del servicio otorgado con la subasta principal. Se celebrará todos los ejercicios hasta entonces y podrán participar instalaciones existentes y nuevas inversiones, con un plazo de prestación anual.
Un sistema que sea eficiente económicamente
La financiación del nuevo mercado de capacidad corresponde a la comercialización de electricidad y a los consumidores directos en mercado, por medio de precios unitarios diferenciados por segmentos tarifarios y períodos horarios coincidentes con los peajes de transporte y distribución.
De este modo, el sistema lo sufragarán en mayor medida los consumos que se produzcan en las horas con más estrés del sistema, que no podrán exceder el 10% del cómputo anual, y se darán señales para flexibilizar y desplazar la demanda a otras franjas horarias, aplanar la curva de carga y facilitar la gestión del sistema.
Por otro lado, para dar más liquidez al nuevo mecanismo, se prevé la existencia de un mercado secundario de los derechos y las obligaciones adjudicados en las subastas, bien por cambio de titularidad de las instalaciones, bien por traspaso a otras instalaciones que cumplan los requisitos.
El Operador del Sistema y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se encargarán de la verificación y la inspección de la prestación del servicio de capacidad.
