Los certificados de ahorro energético (CAE) superan los 13.800 GWh solicitados, pero su crecimiento exige al Gobierno y a las comunidades autónomas transparencia, controles y mayor acceso para los hogares.
Los certificados de ahorro energético disparan el negocio: los hogares apenas concentran el 11%
Los certificados de ahorro energético (CAE) permiten cobrar por reducir el consumo energético. El sistema acumula 13.876 GWh de ahorro solicitado, según los datos aportados por el MITECO y recogidos por CAEX. Sin embargo, el reparto plantea una cuestión incómoda: la industria y el transporte concentran cerca del 81%, mientras el sector residencial apenas representa el 11%.
El crecimiento ofrece una oportunidad para combatir el despilfarro energético. Pero un mercado que mueve tanto dinero necesita resultados verificables, información comprensible y condiciones claras para quienes ceden sus ahorros.
El Gobierno y las comunidades autónomas tienen que responder a esa exigencia. La prueba del éxito será comprobar cuánto ahorro es posible certificar, qué contraprestación recibe cada participante y cómo ampliar el acceso de los hogares a una herramienta todavía compleja.
El récord de solicitudes necesita algo más que titulares triunfales
Entre enero y octubre de 2026 se solicitaron unos 6.170 GWh, frente a unos 5.790 GWh durante todo 2025. El incremento roza el 6,6%, con dos meses pendientes para cerrar el ejercicio. Desde su puesta en marcha, este mecanismo suma 12.415 solicitudes de emisión, según la nota de CAEX.
La distinción es fundamental: el ahorro solicitado y los certificados emitidos corresponden a fases diferentes. El MITECO establece que la solicitud de emisión requiere un dictamen favorable previo de un verificador y después interviene la validación administrativa. Presentar todo el volumen solicitado como un resultado definitivamente certificado confundiría al lector.
El crecimiento de los certificados de ahorro energético merece tener un seguimiento público. Las administraciones deberían facilitar las comparaciones entre solicitudes, las emisiones y los plazos de tramitación. La transparencia debe acompañar al incentivo económico para que los ciudadanos y las empresas puedan valorar el funcionamiento del sistema con información suficiente.
Industria y transporte dominan, la vivienda tiene mucho menos peso
La industria concentra 7.389,72 GWh y el transporte, 3.811,06 GWh. Entre ambos reúnen aproximadamente el 80,7% del ahorro solicitado. Esa concentración refleja dónde se está movilizando el mercado, aunque por sí sola no demuestra un reparto injusto ni permite comparar la eficiencia de cada sector.
El residencial suma 1.526,60 GWh, el 11% del total. El terciario alcanza los 1.084,30 GWh, mientras el agropecuario registra 64,22 GWh, menos del 0,5%. Las diferencias justifican examinar qué barreras técnicas, económicas o de información pueden dificultar el acceso a los certificados de ahorro energético de determinados usuarios.
La propia CAEX reconoce que el mecanismo sigue siendo técnicamente muy complejo. Gobierno, autonomías e intermediarios tienen una tarea pendiente y es hacerlo comprensible. Una familia o una pequeña empresa necesitan entender qué actuación reúne los requisitos, qué documentación se exige y qué condiciones acepta al transmitir el ahorro generado.
Cobrar por ahorrar: las condiciones importan tanto como los precios
El rango recogido por CAEX, atribuido al MITECO, sitúa la contraprestación al ahorrador entre 115 y 140 euros por MWh. Una operación de 1.000 MWh equivaldría a entre 115.000 y 140.000 euros dentro de esa horquilla. Es una referencia, no una tarifa garantizada para cualquier expediente.
El ingreso puede sumarse a la reducción recurrente de la factura que se derive de la actuación. Ese doble incentivo favorece las inversiones en eficiencia. Sin embargo, quien cede el ahorro debe conocer el importe pactado, los costes y los plazos, además de las condiciones documentales que sean necesarias para completar la operación.
Los certificados de ahorro energético tampoco permiten calcular automáticamente una reducción de emisiones de CO2. El mecanismo acredita un ahorro de energía final: cada CAE equivale a un kilovatio hora. El efecto climático depende de varios factores, como la energía que se deja de consumir. Confundir ambas magnitudes convertiría una herramienta útil en un argumento ambiental impreciso.
El listón que deben superar estos instrumentos está fijado: la Unión Europea exige reducir el consumo final de energía al menos un 11,7% para 2030 respecto a las proyecciones del escenario de referencia de 2020.
El objetivo conjunto ya limita ese consumo a 763 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Esa es la tarea que deben asumir los gobiernos: conseguir reducciones verificables y suficientes, además de exhibir un mercado de certificados en expansión.
