El arancel climático europeo apunta a coches y lavadoras: la Eurocámara respalda extender desde 2028 el impuesto al carbono a productos fabricados con abundante acero o aluminio, pero la reforma todavía deberá negociarse con los Estados miembros.
La soberanía europea está en juego; por ello, el Parlamento Europeo ha respaldado ampliar el arancel climático a las importaciones de productos manufacturados para proteger la industria europea. La nueva ampliación incluirá, desde 2028, aranceles a los electrodomésticos, los vehículos y la maquinaria que se fabrican fuera del continente, frenando así la competencia desleal y fomentando la compra de productos locales.
Con esta medida, la Eurocámara busca tapar los vacíos legales que quedan y evitar los fraudes. Tienen claro que no van a suspender los aranceles por mucho que los precios fluctúen y han sugerido que los trámites sean más simples para las naciones europeas menos desarrolladas, así nadie se queda atrás. La propuesta entra ahora en la fase de negociación entre la Cámara y los gobiernos europeos.
El arancel climático europeo apunta a coches y lavadoras
El pleno del Parlamento Europeo apoyó este martes la ampliación del arancel climático que aplica el bloque a las importaciones de productos con altas emisiones de CO2 para que se aplique también a productos como los componentes de vehículos o los electrodomésticos.
Los eurodiputados respaldaron con 464 votos a favor, 50 en contra y 159 abstenciones un cambio legislativo que la Comisión Europea puso sobre la mesa en diciembre del año pasado con el objetivo de evitar la marcha de plantas industriales a países menos ambiciosos en materia climática.
El llamado mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM, por sus siglas en inglés) entró en vigor el pasado 1 de enero tras dos años de aplicación transitoria en la que únicamente se recopilaron datos de las importaciones de acero, cemento, aluminio, fertilizantes y electricidad, materias sobre las que actualmente se impone el arancel.
Pero el Ejecutivo comunitario propuso añadir a su ámbito de aplicación a partir de 2028 a un amplio abanico de productos que contienen una «elevada proporción» de acero o aluminio, entre los que se encuentran componentes de vehículos, electrodomésticos, maquinaria o equipos de construcción, entre otros.
La institución puso el ejemplo concreto de las lavadoras, que de media contienen un 60 % de acero, un 5 % de aluminio y un 5 % de cemento, así como las trenzas, cordajes y cables fabricados con más de un 95 % de acero inoxidable.
El objetivo de la medida es evitar que los fabricantes europeos de estos productos se vean en una situación de desventaja con respecto a los productores de terceros países o que incluso algunas plantas industriales abandonen la UE y se instalen en otras jurisdicciones con menos requisitos climáticos (la llamada fuga de carbono).
En la resolución votada hoy, la Eurocámara no solo apoya ampliar el alcance de este gravamen «más allá de las materias primas básicas» para «abarcar una extensa lista de productos derivados», sino que también aboga por incluir otros productos no propuestos por Bruselas.
También aboga por incluir una exención para los intercambios de electricidad que proceden de países que no pertenecen a la UE, pero que los gestores comunitarios de redes utilizan para mantener la estabilidad del sistema.
Por otro lado, sugiere abordar las «lagunas legales» de la legislación actual, por ejemplo, mediante una rebaja del umbral de modificaciones de un producto a partir del cual se considera elusión de las normas, siempre que se haga con el objetivo de eludir el arancel y no se trate de una decisión empresarial de reducción de costes.
Además, la Eurocámara rechazó la salvaguardia propuesta por la Comisión Europea que excluiría del ámbito de aplicación del arancel a determinados productos en caso de ‘shocks’ de precios y, en su lugar, propone un mecanismo que redirija temporalmente los ingresos obtenidos por el impuesto hacia los sectores afectados.
Por último, sugiere crear una notificación simplificada para las importaciones procedentes de los países menos desarrollados y un marco de asistencia técnica.
La versión definitiva de la normativa debe ser ahora debatida entre el Parlamento Europeo y los países del bloque, que fijaron su posición negociadora el pasado mes de junio a nivel de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin).
