El Ayuntamiento de la ciudad californiana aprueba por unanimidad prohibir la extracción de petróleo tras una década de presión vecinal por la contaminación. La medida, está pendiente de la firma de Karen Bass, también afecta a 1.200 pozos inactivos.
Extracción de petróleo
Los ciudadanos que llevan más de una década reclamando el cierre de los pozos petroleros de Los Ángeles han logrado una nueva victoria. El Consejo Municipal aprobó este miércoles una ordenanza para prohibir nuevas perforaciones y eliminar la extracción de petróleo en un plazo máximo de 20 años. La decisión incumbe a unos 600 pozos activos y 1.200 inactivos dentro de la ciudad.
La medida, respaldada por unanimidad y pendiente de la firma de la alcaldesa de Los Angeles Karen Bass, busca proteger a quienes viven junto a estas instalaciones. El Ayuntamiento reconoce que las comunidades próximas han sufrido durante años los riesgos de una actividad que convive con viviendas, colegios, guarderías y hospitales.
El acuerdo recupera una prohibición aprobada ya en 2022 y bloqueada posteriormente por los tribunales. Esta vez, Los Ángeles vuelve a impulsar el cierre con un nuevo respaldo legal de del Estado de California, aunque la desaparición de los pozos será gradual: la votación abre un periodo de retirada que puede prolongarse durante dos décadas.
Prohibir la perforación y el bombeo de petróleo en la ciudad
El Ayuntamiento del condado de Los Ángeles aprobó este miércoles una ordenanza para prohibir la perforación y el bombeo de petróleo en la ciudad tras más de una década en contra de las empresas petroleras y los riesgos de contaminación que afectan a miles de personas.
La ordenanza recibió los votos del consejo municipal por unanimidad «para prohibir la extracción de petróleo y gas y hacer que las actividades de extracción existentes sean un uso no conforme en todas las zonas«, según el documento.
El plan elimina gradualmente la producción durante los próximos 20 años y en unos 600 pozos petroleros activos, así como en 1.200 inactivos.
El organismo municipal considera que «las comunidades de primera línea y las comunidades de color han sufrido injusticias históricas causadas por la exposición a los peligros conocidos para la salud y la seguridad pública de la perforación petrolera».
«Las actividades relacionadas con las operaciones de extracción de petróleo y gas están asociadas con muchos impactos potenciales en la salud y la seguridad, especialmente cuando ocurren en las proximidades de usos sensibles como escuelas, guarderías, centros de atención para ancianos, centros residenciales para adultos, parques, hospitales o residencias«, agregó el texto.
Esta medida, sujeta a la aprobación definitiva de la alcaldesa, Karen Bass, se enmarca en los objetivos del Ayuntamiento por alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2035 y proteger la salud pública de los residentes en los vecindarios adyacentes a las zonas de extracción.
Asimismo, esta lucha institucional contra la producción petrolífera reactiva una orden del Consejo Municipal de Los Ángeles en marzo de 2022 que prohibió la perforación de nuevos pozos de gas y petróleo en la ciudad, y ordenó eliminar gradualmente todas las perforaciones existentes en los próximos 20 años.
Pese a haber salido adelante, la medida fue anulada en septiembre de 2024 por un tribunal, que concluyó que la ciudad carecía de competencias frente a la regulación estatal.
La firma de esta prohibición se produjo tras más de una década de pedidos de las comunidades que albergan los pozos petroleros para que la ciudad tome medidas.
Más de medio millón de residentes del condado de Los Ángeles viven a menos de un kilómetro de un pozo de petróleo activo.
Ley AB 3233
La catarsis llegó el 25 de septiembre de 2024, cuando California promulgó la ley AB 3233 para reforzar la capacidad de ciudades y condados de restringir las operaciones petroleras. La norma respondió a los fallos judiciales que habían postergado prohibiciones locales como la de Los Ángeles. Además, establece que los operadores afectados deben asumir el sellado y abandono de sus pozos y el desmantelamiento de las instalaciones: detener el bombeo es solo una parte del cierre; retirar la infraestructura también forma parte de su responsabilidad.
