Son más de 50 los municipios que siguen sin tener operativas sus zonas de bajas emisiones pese que el plazo se acabó hace tres años. Es más, algunos incluso ni han iniciado los trámites y otros mantienen restricciones pero que no se aplican y ni tampoco se multan.
Tres años y nadie sabe a qué esperan mientras el tiempo pasa. Estos son los años que acumulan algunos ayuntamientos, más de medio centenar, en nuestro país en forma de retraso a la hora de aplicar zonas de bajas emisiones como están obligados a hacerlo.
Recordemos que las conocidas como Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) debían estar implantadas desde el año 2023 en todas esas localidades españolas que tengan más 50.000 habitantes, así como los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes en el caso de que haya unos niveles de contaminación tan elevados que haga necesaria la puesta en marcha de esta medida de protección ambiental en zona urbana.
Los ayuntamientos que pasan de las zonas de bajas emisiones
¿Qué día es hoy? Estamos a apenas dos meses de terminar este 2026 y todavía hay muchos consistorios que no han hecho unos deberes. Pero lo más grave en este caso no es que lleguen tarde en este sentido, sino que algunos ni siquiera esperan mover ficha a corto plazo para poner remedio a este mapa de la vergüenza ambiental en algunas ciudades.
El inventario recopilado por Atlas ZBE hace menos de una semana pone el foco en una realidad difícil de justificar: 56 municipios dicen que siguen tramitando o preparando sus zonas de bajas emisiones. Una lista en la que aparecen ciudades importantes como Gijón, Avilés, Huelva, Jaén, Marbella, Las Palmas de Gran Canaria, Toledo, Murcia, Logroño, Santiago de Compostela o Ferrol.
Alguno puede pensar que se trata de municipios pequeños donde no haya medios para poder llevar a cabo esta normativa obligatoria. Todo lo contrario. Son administraciones que llevan años conociendo los plazos y las exigencias de la normativa y que, pese a ello, siguen sin ofrecer una solución plenamente operativa. ¿Qué han hecho en todo este tiempo los responsables municipales para no tener las zonas de bajas emisiones en sus calles? La respuesta es clara: nada.
Todavía más llamativo y vergonzoso es el caso de seis ayuntamientos que aparecen en el inventario como pendientes; esto es, ni siquiera han empezado la tramitación del expediente de turno. Es el caso de Arganda del Rey, Coslada, El Puerto de Santa María, Granadilla de Abona, San Cristóbal de La Laguna y Telde.
Los que tienen zona de bajas emisiones de mentira
Recordemos que las conocidas como Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) debían estar implantadas desde el año 2023 en todas esas localidades españolas que tengan más 50.000 habitantes, así como los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes en el caso de que haya unos niveles de contaminación elevados.
Pero el problema no termina en las ciudades que todavía no han puesto en marcha sus zonas de bajas emisiones. Hay otra realidad que deja en evidencia la falta de compromiso de algunos consistorios: aprobar una ZBE no significa necesariamente que funcione.
Así, hay siete municipios con zonas aprobadas, pero sin aplicar; otros 13 que se limitan a enviar avisos pero no ponen multas; seis zonas suspendidas, diez que solo se ponen en marcha si se dan circunstancias de elevada contaminación y otras dos que por no tener no tienen ni restricciones. Es decir, hay ayuntamientos que presumen de tener su zona de bajas emisiones ya aprobada y delimitada, pero a efectos reales no hay cambios en la circulación.
Entre los municipios con zonas aprobadas, pero todavía sin aplicar, aparecen Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife, Alcobendas, Torrevieja y Mérida. Málaga, Ávila, Segovia, Guadalajara, Badalona y Badajoz son algunos de los nombres con zonas de bajas emisiones suspendidas.
La consecuencia es que una herramienta concebida para reducir las emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y transformar la movilidad urbana corre el riesgo de convertirse en un mero trámite administrativo. Mucho anuncio, mucha planificación y demasiada demora cuando llega el momento de aplicar medidas concretas.
El Gobierno endurece las reglas ante los ayuntamientos que no cumplen con las zonas de bajas emisiones
La realidad cobra más importancia después de que el Consejo de Ministros aprobase ayer mismo una modificación normativa para exigir restricciones efectivas y un régimen sancionador real, «evitando que los periodos de simples avisos se conviertan en una fórmula para aplazar indefinidamente las medidas».
El mensaje para los consistorios es claro y ya no da lugar a excusas para no cumplirlo: las zonas de bajas emisiones se deben cumplir de manera formal y no quedarse solo en un expediente o un mapa sin aplicar.
Los ayuntamientos tienen la responsabilidad de explicar por qué han incumplido los plazos, qué obstáculos han impedido avanzar y cuándo piensan poner en funcionamiento sus zonas de bajas emisiones. Después de tres años de espera en algunos casos los vecinos de estos municipios necesitan medidas efectivas que deben asumir y cumplir los responsables municipales sin más demoras.
La pregunta ya no es cuándo van a ponerse las pilas estos ayuntamientos, sino cuánto tiempo más piensan seguir aplazando una obligación que conocen desde hace años.
