La Sección del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca inició una serie de investigaciones relativas al control administrativo y documental de perros de razas potencialmente peligrosas.
La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial, en calidad de investigados no detenidos, a nueve veterinarios colegiados en la provincia de Salamanca, como presuntos autores de delitos de falsedad de documento oficial, por no calificar como perros de razas potencialmente peligrosas a canes que realmente sí que lo eran.
Según fuentes del Instituto Armado, la operación comenzó a raíz del homicidio imprudente ocurrido el 26 de febrero de 2017 en un camino rural del término municipal de Santa Marta de Tormes, en el que varios perros de razas potencialmente peligrosas, documentados como no peligrosos, atacaron violentamente a un hombre hasta acabar con su vida.
Entonces, la Sección del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca inició una serie de investigaciones relativas al control administrativo y documental de perros de razas potencialmente peligrosas.
En el marco de la ‘Operación Maxil’, la Benemérita comparó las características raciales de los perros de la agresión mortal en Santa Marta con la documentación para su legal tenencia; así como la grabación de todo ello en la aplicación informática del Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (Siacyl) y las condiciones de sanidad y bienestar animal de los canes.