La Real Sociedad Canina ha solicitado la elaboración de un marco único estatal de bienestar animal que armonice las distintas normativas autonómicas para evitar duplicidades y ajustar a la legalidad en todo el territorio la labor de los criadores.
La entidad canina sostienes que todos los perros tienen las mismas necesidades y derechos, independientemente del territorio donde vivan y, por ello considera «imprescindible» que acuerden entre todas una ley que elimine duplicidades y fije de forma concreta las penas y sanciones por maltrato animal y abandono en todo el territorio y permita que los criadores caninos éticos y responsables puedan ejercer su labor de forma legal sin encontrarse con disparidad de criterios en función de la región en la que vivan u operen, evitando así que muchos de ellos actúen en un limbo legal, como sucede ahora.
La Dirección General de Derechos de los Animales puso en marcha a principios de año una ronda de consultas con las principales entidades dedicadas a los animales en España, en las que participó la RSCE, para dar forma a esta legislación, la cual el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, anunció la pasada primavera.
Sin embargo, lamentan que en la actualidad esta ley está parada, justo cuando más urge poner fin a los abandonos que durante la desescalada crecieron un 25 por ciento, con unos 2.000 animales abandonados. En definitiva, reclama una nueva legislación homogénea en toda España para que la protección de los animales se garantice por igual en cada rincón de España.
El presidente de la RSCE, Julián Hernández, ha manifestado que los animales no entienden de territorios ni de colores políticos. «Los que amamos y defendemos entendemos únicamente de bienestar y de garantizar sus derechos, los cuales no pueden diferir en función de los kilómetros que haya entre un lugar y otro del país. Es importante porque de este modo nos asemejaríamos al resto de nuestros vecinos europeos, que llevan años con unas normas bien definidas en este ámbito», ha subrayado.
Lamenta así que varias comunidades autónomas están elaborando sus propias normativas o mejorándolas como Andalucía que anunció de forma inminente una ley de bienestar animal y la Comunidad Valenciana anunció la suya a finales de 2019. Mientras, Castilla-La Mancha aprobó su normativa el mes pasado, y en comunidades como Aragón, Galicia, Madrid o La Rioja ya disponen de las suyas, a las que introducen cambios para mejorarlas y ponerlas al día en cuanto a derechos de los animales.
