El 24 de noviembre de 2020, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el nuevo Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si llega a buen puerto, y no se queda en papel mojado como los anteriores anteproyectos de 2011 y 2013, en los que este nuevo se inspira, el actual proceso penal sufrirá una radical transformación.
El 26 de enero de 2021 en la página web del Ministerio de Justicia, se publicó el texto y la memoria del Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para cumplimentar la fase de audiencia e información pública, con la finalidad de que la ciudadanía pueda participar hasta el 1 de marzo de 2021 con sus alegaciones.
FAADA, Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales, denuncia que una de las modificaciones que se pretende implementar es la de impedir que las entidades de protección animal se personen como acusación popular en los procedimientos que se incoen por delitos de maltrato animal.
Ello implica un grave retroceso en los derechos de los animales, ya que las entidades de protección animal dejarán de poder defender aquellos animales que hayan sido víctimas de maltrato. En esta reforma, no solo quedan fuera los animales que hayan sido maltratados, sino también los que son víctimas de delitos cometidos por tráfico de animales, envenenamiento y caza ilegal. En consecuencia, no se permitirá a las entidades que velan por la protección de los animales personarse en las causas judiciales para protegerles, de seguir estos aún con vida, y conseguir sentencias justas.
Es sorprendente, en este sentido, que el actual Gobierno que creó la Dirección General de los Derechos de los Animales, ahora pretenda implementar esta exclusión que los dejará totalmente desprotegidos. A pesar de que el Ministerio Fiscal ejerza el papel de acusador en dichos delitos, en este tipo de causas el papel de las acusaciones populares ha sido primordial para avanzar en la lucha por sus derechos. De hecho, las principales victorias en los procedimientos incoados por delitos de maltrato animal en España se han logrado gracias a las entidades de protección personadas, que ahora quedarán al margen.
Según Anna Estarán, abogada de FAADA: “Esta reforma, que pretende excluir a la acusación popular en los delitos de maltrato animal, entre otros, supone un grave retroceso para los derechos de los animales en sede judicial. Gracias a las entidades personadas, se ha conseguido desarchivar asuntos o se han dictado sentencias ejemplares que al final sirven como herramienta disuasoria para cometer estos delitos».
Todavía es posible presentar alegaciones a esta modificación en el siguiente enlace:
