La financiación climática sin deuda es el concepto que centra las demandas que está presentando la organización Amigas de la Tierra en la COP31: la ONG reclama que cesen de inmediato las subvenciones a los combustibles fósiles, que haya una transición justa y protección frente al extractivismo.
Financiar sin que ello implique préstamos y deudas
La financiación climática sin deuda plantea una exigencia incómoda en la COP31 de Antalya: proteger a las comunidades vulnerables no debería aumentar su estrangulamiento financiero. Amigas de la Tierra reclama que haya recursos públicos suficientes y predecibles para afrontar los daños climáticos y transformar los sistemas energéticos.
La organización cuestiona que los países ricos aleguen restricciones presupuestarias mientras aumentan las partidas para el sector militar. Su denuncia exige que se realice una revisión de las prioridades: adaptarse necesita inversiones que sean accesibles, no cumbres sin resultados o simples promesas en un papel.
La COP31 debe responder a otra contradicción: pedir al Sur Global una transición acelerada sin garantizarles la tecnología, las infraestructuras y la capacidad económica es un sinsentido. La cooperación pierde sentido si, en vez de corregir las desigualdades, acaba por profundizarlas.
La financiación climática sin deuda cuestiona quién asume los costes
Amigas de la Tierra considera completamente insuficiente el objetivo de movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para 2035. Reclama que haya más subvenciones frente a los préstamos que agraven el endeudamiento y que se reduzca el margen para sostener los servicios que sean más esenciales.
También propone gravar con nuevos impuestos a la riqueza extrema, los combustibles fósiles y los beneficios extraordinarios. El principio de «quien contamina paga» debe traducirse en mecanismos efectivos, con transparencia sobre la recaudación, los destinos y los resultados.
La organización cuestiona además la gobernanza que está ejerciendo el Fondo de Pérdidas y Daños y reclama acceso directo a sus recursos. Son demandas políticas concretas: quienes afrontan destrucción de viviendas o pérdidas de medios de vida necesitan procedimientos utilizables y capacidad de decisión.
Electrificar sin reproducir la expoliación de territorios
La financiación climática sin deuda resulta decisiva para que la electrificación no imponga cargas desproporcionadas a economías con infraestructuras insuficientes. Amigas de la Tierra exige renovables, suficiencia energética y transferencia tecnológica.
El objetivo mundial propuesto del 35 % de electrificación para 2035 debe acompañarse de protección social y ambiental. La organización advierte de que la extracción de minerales críticos puede reproducir acaparamiento de tierras, degradación y vulneraciones de derechos.
El ejemplo práctico son las minirredes basadas en renovables con participación del tipo comunitario, que pueden ampliar los servicios sin relegar a la población a tener un papel pasivo. El acceso energético debe mejorar sustancialmente las condiciones de vida de las personas, evitando que otra carrera extractiva deposite los costes de estas actividades en el territorio y concentre fuera sus beneficios.
Una transición justa exige recortes reales y participación vinculante
Amigas de la Tierra defiende la financiación climática sin deuda en la COP31 y una transición feminista con participación de personas trabajadoras, mujeres, pueblos indígenas y comunidades. Reclama que estas voces influyan en la gobernanza y en la distribución de recursos.
La organización rechaza mercados de carbono, nuclear, hidrógeno, geoingeniería y captura de carbono como respuestas para este modelo. Esa es su posición; estas tecnologías tienen funciones y características diferentes, por lo que no corresponde describirlas todas como simples mecanismos de compensación.
La exigencia editorial debe centrarse en resultados: reducciones verificables, derechos respetados y financiación accesible. Utilizar las promesas tecnológicas para aplazar unas actuaciones que ya están disponibles alimentaría el greenwashing. La financiación climática sin deuda necesita compromisos que resistan el examen público, no una nueva arquitectura de dilaciones.
