El Cedib documenta que han arreciado los ataques contra los defensores ambientales en Bolivia mientras sus lideresas denuncian que hay muchos desplazamientos y hasta amenazas con dinamita, lo que consideran una intimidación intolerable.
Una situación inaceptable: amenazas, indefensión y hostigamientos
Los defensores ambientales en Bolivia denuncian una situación inaceptable: proteger los ríos y los territorios puede obligarlos a esconderse, abandonar sus viviendas o temer por sus familias. Beatriz Bautista y Ruth Alipaz relatan amenazas relacionadas con su oposición a los impactos mineros.
El Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) reúne 341 registros de ataques y amenazas entre 2021 y agosto de 2026. Su documentación identifica a 140 defensores y 68 organizaciones afectados.
Los testimonios describen que existe una combinación de presión extractiva, con situaciones de hostigamiento e indefensión. Exigen respuestas concretas del Estado en forma de protección inmediata, una investigación seria de las denuncias y garantías para que defender el agua o los ecosistemas deje de convertirse en una actividad de riesgo.
Defensores ambientales en Bolivia: la intimidación también expulsa del territorio
Bautista, defensora de los ríos que desembocan en el Titicaca, contó a Mongabay Latam que tuvo que cambiarse de domicilio tras sufrir infinidad de seguimientos y amenazas. También denunció acciones intimidatorias contra sus oficinas y su familia.
Alipaz, integrante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, relató que es víctima de amenazas con dinamita por cuestionar la minería. En los Yungas, el Cedib documentó que a los habitantes se los amenazó con destruir sus viviendas porque una comunidad denunció una ocupación minera.
Este drama trasciende el daño a los individuos, ya que cuando se obliga a los activistas a desplazarse para salvar sus vidas o la de sus familias, se debilita la defensa colectiva de los territorios. Menoscabar el derecho a defender el medio ambiente es algo que no se puede tolerar.
Minería y petróleo: los focos de una presión insostenible
El Cedib sitúa los principales ámbitos de conflicto en la expansión aurífera y la frontera hidrocarburífera de Tariquía. Entre mayo y agosto de 2026 identificó 12 hechos de vulneración, con actores mineros implicados en el 75 % de los casos de ese periodo. Ese porcentaje no corresponde a todo el registro histórico. Aun así, constituye un dato demoledor sobre la presión reciente contra los defensores ambientales en Bolivia.
El investigador Miguel Miranda sostiene que el cambio de gobierno no ha aliviado la situación. Su diagnóstico cuestiona las alianzas entre poder político y sector extractivo. Las autoridades deben responder con investigaciones independientes: presentar una actividad como desarrollo mientras se desatienden sus denuncias ambientales alimenta el ecopostureo institucional.
Tariquía es un punto de resistencia frente a la criminalización de los activistas ambientales
En Tariquía, la resistencia a los proyectos de explotación del gas natural ha desembocado en varios conflictos por la consulta y el acceso de las petroleras. Los datos indican que Petrobras denunció a 12 defensores ambientales en Bolivia, aunque posteriormente retiró la demanda, por lo que el proyecto permanece paralizado.
La empresa sostuvo que se habían realizado consultas acerca de los proyectos que se iban a desarrollar, pero los dirigentes comunitarios cuestionaron el alcance de las mismas. Esa discrepancia exige que haya transparencia documental y una participación efectiva de las partes implicadas. La degradación ambiental y el hostigamiento que ha sido denunciado requieren respuestas que no sean la criminalización de la protesta.
Proteger a los defensores ambientales en Bolivia implica actuar antes de que la intimidación obligue a los defensores del medio ambiente a nuevos desplazamientos. La defensa de los ecosistemas pierde credibilidad cuando sus protagonistas pueden sufrir represalias por sus acciones.
La hoja de ruta del Plan Escazú
Hay una hoja de ruta internacional muy concreta: el Plan de Protección de Escazú, que fue aprobado en 2024 y prevé su plazo de ejecución hasta abril de 2030. El mismo contiene cuatro áreas prioritarias y 20 acciones estratégicas.
En su artículo número 9 exige prevenir, investigar y sancionar este tipo de ataques. Para los defensores ambientales en Bolivia, otra ronda de propuestas vacías sería inadmisible: hacen falta protección efectiva y rendición de cuentas.
