“El proceso de creación de una ley de transición energética y del Cambio Climático en España ya está en marcha, pero las emisiones que provienen de los sectores que producen electricidad y del transporte deben reducirse drásticamente.”
¿Legislar o no legislar?
Desde la ONU y con el apoyo de varios organismos científicos del mundo se advierte que el Cambio Climático no afectará solo a las temperaturas medias, sino que también aumentarán la cantidad e intensidad de los desastres naturales, puesto que, estos son un efecto secundario de la desertificación y del aumento del nivel del mar.
Y España ya siente este efecto, dado que, según cifras de la Dirección General de Protección Civil y de Emergencias, entre 1995 y 2015, fallecieron 1215 personas a causa de los desastres naturales, de las cuales 328 perecieron por las inundaciones 178 por olas de calor.
España, que es miembro de la UE y ha firmado el Acuerdo de París, debería ser consciente de que es necesario que, sin afectar a la economía, se eliminen las fuentes de contaminación más importantes, es decir: que se debe prescindir de los combustibles fósiles.
En cambio, las previsiones apuntan a que España hará exactamente lo contrario. Para 2040, las emisiones de CO2 podrían superar los 350 millones de toneladas, casi 20 millones más, de lo que el país emitió en el 2015.
Los sucesivos gobiernos desde 1990, vienen comprometiéndose a realizar una reducción drástica de las emisiones de gases contaminantes y/o de efecto invernadero, que en 2030 debería alcanzar el 40%. El último gran pacto fue el que se firmó en París en 2015.
Pero recién ahora, 27 años después, parece que Rajoy se ha dado cuenta de que los que le dijo su primo, acerca de que el Cambio Climático no existía, era un craso error y se han comprometido a elaborar un Ley del Cambio Climático y a favor de la transición energética.
El problema que se presenta es que, la perspectiva según el dictado de la historia apunta a que hecha Ley, lo más probable es que cada vez que cambie el gobierno en España, pase como con otras muchas legislaciones, a las cuales en cuanto asumen echan mano y acaban por desbaratar sus objetivos principales.
La nueva ley debe contar con el consenso político de Todas las fuerzas, tener objetivos a largo plazo y ser flexible, para que en ella también quepan las futuras innovaciones y tecnologías verdes, dado que en la aplicación de este tipo de adelantos estará la llave para alcanzar la sostenibilidad y la eficacia de los cambios.
Electricidad y transporte
El 80% del CO2 que se emite en España proviene de la generación de energía, el sector del transporte también emite CO2, pero sobre todo es responsable de la generación de los tóxicos NOx, metano, ozono y de las partículas PM.
Ambos sectores deberás reinventarse para cumplir con los objetivos de París y las directivas de la UE, que aparentemente serán la base de la nueva ley. En ambos casos la solución pasa por abandonar la quema de combustibles fósiles, un gran negocio que recibe amplias subvenciones y que no se conformará fácilmente con salir perdedor.
Medidas como el fomento de las energías renovables, dejar de preguntarse ¿Qué pasa con el ‘maldito’ Impuesto al sol? y derogarlo de una vez y fomentar el transporte eléctrico, son medidas mínimas y de sentido común. Pero lamentablemente, el gobierno de Rajoy ha demostrado con creces, que el sentido común si bien es el más común entre los sentidos, es el que menos aplican.