Europa ‘reprende’ a España por las ayudas al carbón

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), insiste al Gobierno a que adopte medidas urgentes y que diseñe un plan de cierre ordenado y progresivo de las centrales térmicas de carbón, al hilo del anuncio de la Comision Europea de apertura de una investigación a las ayudas estatales que ascienden a 440 millones de euros desde 2007.

La Comisión Europea ha abierto una investigación ante la sospecha de que las ayudas del Gobierno para la adaptación de las centrales térmicas a los límites de emisiones de óxidos de azufre establecidos por la UE son ilegales. IIDMA denunció estas ayudas cuando presentó comentarios al informe provisional de la investigación sobre los Mecanismos de Capacidad de la Comisión Europea en 2016 por considerarlos  contrarios al Derecho de la UE relativo a las ayudas de estado y que las centrales están autorizadas a emitir por encima de los límites establecidos en la legislación europea, lo que afecta a la salud y al medio ambiente.

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), insiste al Gobierno a que adopte medidas urgentes y que diseñe un plan de cierre ordenado y progresivo de las centrales térmicas de carbón, al hilo del anuncio de la Comision Europea de apertura de una investigación a las ayudas estatales que ascienden a 440 millones de euros desde 2007. Dichas ayudas, llamadas «de incentivo medioambiental», se otorgaron para que las centrales térmicas instalaran sistemas de desulfuración para  cumplir con los límites de emisión de óxidos de azufre exigidos en la normativa europea. Precisamente por ser esos límites obligatorios , Bruselas considera que las ayudas no representaban un incentivo para que las centrales redujesen las emisiones contaminantes perjudiciales para la salud y el medio ambiente, puesto que estas se destinaban solo a cumplir con los niveles de emisión obligatorios establecidos por la UE.. Además, según la Comisión, estas ayudas irían en contra del principio «Quien contamina, paga» y daría una ventaja competitiva al carbón frente a otros tipos de energía.

Los mecanismos de capacidad ya han sido cuestionados anteriormente en el seno de la Comisión. En junio de 2016, en sus Comentarios al Informe Intermedio de la Investigación Sectorial sobre los Mecanismos de Capacidad, IIDMA denunció la existencia de esas ayudas a los sistemas de desulfuración, en vigor desde 2007. Los beneficiarios de este tipo de ayudas, en su mayoría, han sido centrales térmicas de carbón acogidas a excepciones que les permiten emitir por encima de los límites de la UE, en perjuicio de la salud y el medio ambiente. Estas excepciones han sido, en primer lugar, el Plan Nacional de Reducción de Emisiones (PNRE) y después el actualmente vigente Plan Nacional Transitorio (PNT), recurrido por IIDMA ante el Tribunal Supremo, al que se acogen la mayoría de las 15 centrales de carbón. Además, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha publicado el borrador de un Real Decreto para evitar el cierre de las centrales de carbón. En un contexto en el que las emisiones de la producción de energía con carbón causan más de 700 muertes prematuras al año, costes sanitarios entre 880 y 1.667 millones de euros, y daños irreparables al medio ambiente, este tipo de medidas son cuestionables desde el punto de vista jurídico.

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«Este tipo de pagos por capacidad violan el Derecho de la UE relativo a las ayudas del Estado. Además, el Gobierno sabe que el apoyo al carbón y a las centrales térmicas no responde a las exigencias globales de protección a la salud y al medio ambiente, ya que la mayoría de países occidentales están adoptando medidas que impulsan el abandono ordenado y progresivo del carbón para cumplir con las obligaciones del Acuerdo de París. Las emisiones de las centrales térmicas contribuyen al cambio climático, dañan el medio ambiente y afectan a nuestra salud. La falta de planificación y visión a medio y largo plazo de las medidas adoptadas por el Ministerio de Energía traerá consecuencias graves para España, que se está quedando atrás a pesar de estar recibiendo avisos constantes de diferentes actores, desde ONGs a la propia Comisión Europea. El respeto al estado de derecho es fundamental en la transición energética» afirma Ana Barreira, Directora de IIDMA.

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