PP y UPyD rechazan en el Congreso territorializar los ingresos obtenidos por las subastas de emisiones contaminantes

El PP y UPyD han rechazado en el Pleno del Congreso tomar en consideración la proposición de ley de CiU para que se territorialicen los ingresos obtenidos por las subastas de derechos de emisión de gases contaminantes. El PSOE ha optado por abstenerse ante esta propuesta nacionalista, que cuenta con el respaldo de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y ERC.

   Se trata de una iniciativa en la que CiU plantea también que el 100 por cien de lo recaudado en las citadas subastas se destine a la lucha contra el cambio climático y, al menos, un 50 por ciento a políticas autonómicas para combatir las emisiones de los sectores difusos (industria y transportes).

   Según la normativa comunitaria y la nacional, los ingresos procedentes de las subastas de CO2 deberán destinarse a políticas de lucha contra el cambio climático, al menos en un 50 por ciento.

   En este sentido, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció en el Senado en febrero que el 90 por ciento de los ingresos estimados por la subasta de los derechos de emisión de CO2 se iban a destinar a financiar los costes del sistema eléctrico en lo que se refiere a la sostenibilidad de las energías renovables, por un máximo de 450 millones de euros, mientras que el 10 por ciento restante a luchar contra el cambio climático, con un máximo de 50 millones de euros.

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   Desde CiU, el defensor de la iniciativa, Marti Barberá, ha recordado que son muchos los países que ya han territorializado estos recursos, como Alemania o Inglaterra.

EL ESTADO NO CUMPLE CON DIRECTIVAS EUROPEAS

   La idea ha contado con el respaldo del PNV, cuyo portavoz económico, Pedro Azpiazu, sostiene que la territorialización de los recursos procedentes de las subastas de emisiones contaminantes se ajustaría a la directiva de 2009 de la CE de comercio de derechos de gases de CO2, donde se establece que el 50 por ciento debe destinarse a cambio climático. «El Estado no lo hace y va en contra de lo establecido», sentencia.

   Aunque apoya la iniciativa de CiU, Azpiazu considera que el criterio de asignación a cada comunidad fijado en la propuesta «es muy general, está poco definido y es de difícil aplicación». «Aparte de que las comunidades autónomas no tienen objetivos marcados sobre la reducción de sectores difusos», ha añadido.

   También se ha sumado Teresa Jordà, de ERC, que defiende que la única energía que no contamina es la que no se utiliza y por ello cree que la territorialización de las emisiones serviría para que cada territorio asumiera sus responsabilidades.

«ES RESPONSABILIDAD DE TODOS»

   Por el contrario, la portavoz del PP en el Congreso en materia de Cambio Climático, Belén Bajo, ha criticado que CiU proponga distribuir los beneficios obtenidos en las subastas de emisiones y en cambio deja para el Estado las obligaciones de cumplimiento.

  «Si vemos lo fritos que están por cumplir los objetivos de déficit autonómico, y si a estos les añadimos los de reducción de emisiones, estarían chamuscados por el Estado», ha recalcado Bajo, un comentario que ha suscitado el aplauso de la bancada del PP.

   Para el ‘número dos’ de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, los nacionalistas buscan «la manera de hacer caja» con esta propuesta: «Han encontrado aquí un yacimiento de recursos para las comunidades autónomas y resolver sus problemas de financiación», ha alertado, si bien no ve con malos ojos la posibilidad de hacer una política descentralizada de lucha contra el cambio climático, como se ha hecho en otros países, aunque con condiciones.

   Sobre la petición de CiU de transferir el 50 por ciento de lo recaudado por las subastas a la lucha contra el cambio climático de las comunidades autónomas, el diputado de UPyD recuerda que el único responsable de la compra de derechos de emisión y de cumplir Kioto es el Estado y no las comunidades. «Tiene que ser él el que tenga la potestad y facultad para repartir los recursos», defiende.

SÍ A LA TERRITORIALIZACIÓN

   El PSOE tampoco está de acuerdo con «la receta» propuesta por CiU, aunque, según su diputado Pedro Sánchez, comparte que se hable en el Pleno sobre el cambio climático, «muy alejado de la actualidad mediática y de la agenda del Gobierno», cuya voluntad, según dice, es desmantelar las políticas de lucha contra el cambio climático.

   A su juicio, la reducción de las emisiones es una responsabilidad de todos y por eso es un error plantear la fragmentación de responsabilidades en la materia. El camino es otro, opina: aprobar una Ley de Cambio Climático, que prevea objetivos de reducción de emisiones para 2050, con objetivos intermedios, entre otros puntos. En ese contexto, el Grupo Socialista ha optado por la abstención.

PROFECÍAS MAYAS

   Tanto Sánchez como Laia Ortiz, portavoz en la materia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), han recordado las palabras del diputado del PP Antonio Hernando durante esta legislatura en el Congreso, donde comparaba el calentamiento global con las profecías mayas de 2012.  

   Ortiz, que sí comparte la iniciativa de CiU, ha criticado las políticas que está emprendiendo el Gobierno en la materia frente a la «emergencia planetaria» protagonizada por el cambio climático, donde dice que ya se han registrado 150.000 muertes adicionales prematuras y que ya se están multiplicando.

   Es más, ha puesto en valor el «preocupante aumento» de la temperatura, dado que se va camino de llegar a los 3,5 grados a finales de siglo según datos del Banco Mundial, aparte de las consecuencias de este escenario, con sus consecuentes efectos «catastróficos». «Vamos tarde y no podemos posponer el debate sobre el cambio climático o pensar que se trata de profecías porque este fenómeno se afirma por más de 15.000 artículos científicos», ha sentenciado.

ECOticias.com – ep

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