Diversos colectivos ciudadanos y ecologistas han denunciado en Cantabria la existencia de presuntos informes “políticos” en la tramitación de varios parques eólicos, lo que, a su juicio, pone en cuestión la transparencia y el rigor técnico de estos proyectos.
Plataformas como movimientos vecinales y grupos como Stop macro-eólicas aseguran que las decisiones no siempre se basan en criterios exclusivamente ambientales, sino que podrían estar condicionadas por intereses políticos o económicos.
Las críticas se centran en la elaboración de informes favorables a determinadas instalaciones, pese a la oposición social y a los posibles impactos sobre el territorio.
Según los colectivos, algunos proyectos se han tramitado sin evaluar adecuadamente sus efectos acumulativos, lo que podría derivar en una transformación significativa del paisaje y en daños a la biodiversidad.
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Colectivos denuncian informes políticos para parques eólicos en Cantabria
Plataformas vecinales acusan al Gobierno cántabro de utilizar criterios políticos en los informes ambientales de proyectos eólicos y anuncian nuevas movilizaciones.
Movimientos vecinales y plataformas ciudadanas protestan contra los proyectos de parques eólicos industriales y denuncian criterios políticos en los informes ambientales relacionados con el nuevo Plan Regional de Ordenación del Territorio en Cantabria.
Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, la plataforma Son Gigantes y el movimiento STOP macro-eólicas Sur de Cantabria se han unido para denunciar conjuntamente que los informes ambientales para las instalaciones eólicas no responden, a su juicio, a ningún criterio técnico, sino «político».
En un comunicado, han criticado lo que califican como «lamentables acciones y declaraciones» del consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), y del portavoz del grupo parlamentario regionalista, Pedro Hernando (PRC), en relación con el nuevo Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) planteado «y las zonas de exclusión eólica que se pretenden imponer».
Plataformas vecinales cuestionan el nuevo Plan Regional de Ordenación del Territorio
Todas estas agrupaciones consideran que ambos dirigentes «buscan desmovilizar y dividir a los movimientos sociales contrarios a los polígonos eólicos industriales proyectados en Cantabria».
Señalan que, mientras el consejero Roberto Media «pide a los colectivos movilizados que confíen», éstos «observan con indignación que los informes ambientales, tanto favorables como desfavorables, relativos a los polígonos eólicos no siguen criterio técnico alguno».
En esta línea, denuncian que «responden claramente a motivos políticos» y los consideran «un mero trámite para revestir de legitimidad todo un atropello y destrozo«.
Críticas a las zonas de exclusión eólica planteadas en el PROT
Según los colectivos, algunos proyectos se han tramitado sin evaluar adecuadamente sus efectos acumulativos, lo que podría derivar en una transformación significativa del paisaje y en daños a la biodiversidad.
«No responden a criterios serios y rigurosos de protección y conservación de la biodiversidad, los entornos naturales ni del patrimonio histórico, cultural y socioeconómico de las zonas afectadas», advierten.
Según estas agrupaciones, los proyectos «responderían en gran medida a intereses económicos del sector energético y financiero», y señalan la participación de grandes empresas energéticas y de actores del ámbito bancario y de inversión, «como el Banco Santander o el fondo BlackRock«.
Desde estos colectivos sostienen que el PROT planteado «es un plan discriminatorio lleno de irregularidades», ya que fija determinados territorios en los que permitir la implantación de polígonos eólicos, mientras establece otros espacios como zonas de exclusión eólica.
Y en este sentido, denuncian que «los valores que se dice querer proteger en gran parte de Cantabria», tanto ambientales como sociales o relacionados con el patrimonio histórico y cultural, son, «como mínimo, equivalentes en las zonas que se pretende entregar al expolio que plantean con este PROT».
Frente a lo que consideran «falsos criterios técnicos», estas agrupaciones creen que el objetivo real «es meramente electoralista», ya que las zonas de exclusión coinciden con áreas más pobladas y con mayor capacidad de organización, protesta y presión social.
Denuncian presiones políticas y económicas del sector energético
Asimismo, recuerdan las numerosas movilizaciones, manifestaciones, marchas, notas de prensa y denuncias judiciales realizadas en distintos puntos del territorio afectado durante los últimos años. En ese contexto, denuncian haber sufrido en algunas ocasiones «presiones políticas y empresariales».
Los colectivos informan también de que, en los últimos días, el portavoz del grupo parlamentario regionalista (PRC), Pedro Hernando, ha continuado, según denuncian, «en la misma línea que Roberto Media (PP), incurriendo en agravio comparativo, discriminación e insulto a la inteligencia, al proponer exclusivamente un acuerdo contra seis proyectos de polígonos eólicos y un almacenamiento de baterías situados precisamente en zonas cercanas a grandes núcleos de población», lo que consideran «una nueva muestra del carácter electoralista de la propuesta».
Los colectivos señalan también lo que consideran «una estafa económica asociada a estos proyectos», que «bajo el argumento del desarrollo del medio rural permitirían la entrada de fondos de inversión que especulan con el territorio donde vive la población local«.
Convocada una marcha contra proyectos eólicos en Campoo-Los Valles
En este marco, han convocado para el domingo 15 de marzo una marcha al aerogenerador experimental Cotío-Vestas, bajo el lema: ‘No al sacrificio de Campoo-Los Valles’. La salida tendrá lugar a las 10.30 horas desde la iglesia de Celada Marlantes.
La organización ofrece también la posibilidad de compartir coche desde Reinosa para facilitar la asistencia. Los convocantes recomiendan llevar agua, calzado cómodo y ropa de abrigo.
Estos movimientos, colectivos y plataformas anuncian que seguirán impulsando movilizaciones y denuncias públicas.
En definitiva, la polémica refleja el choque entre el impulso a las energías renovables y la defensa del medio ambiente y el mundo rural. Mientras las administraciones apuestan por la expansión eólica, parte de la sociedad exige garantías de que los proyectos se desarrollen con criterios estrictamente técnicos y sostenibles.
