La huella de carbono en contratos públicos se convierte en una nueva herramienta climática en Málaga.
El Ayuntamiento ha decidido exigir a las empresas adjudicatarias el cálculo de sus emisiones como parte de los servicios y suministros municipales, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de la contratación pública.
Esta medida refuerza la estrategia local contra el cambio climático y abre la puerta a futuras exigencias de reducción real de emisiones, situando a Málaga entre las ciudades que integran la sostenibilidad en sus políticas económicas.
La huella de carbono en contratos públicos transforma la gestión municipal
La huella de carbono en contratos públicos será clave para reducir emisiones municipales.
El Ayuntamiento de Málaga solicitará el cálculo de la huella de carbono a las empresas adjudicatarias de contratos públicos, además de fomentar el empleo de vehículos menos contaminantes y aplicar medidas específicas en los contratos de suministro alimentario.
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La iniciativa, en vigor desde comienzos de año, pretende reducir la huella de carbono en los contratos de servicios y bienes externalizados que se convoquen, y da continuidad al Plan Municipal contra el Cambio Climático, ha informado este domingo el Ayuntamiento en un comunicado.
Málaga aplica la huella de carbono en contratos públicos
La aplicación de estas nuevas medidas se articula a través de condiciones especiales de ejecución directamente vinculadas al objeto del contrato, que serán exigibles durante su desarrollo y no como requisitos previos de solvencia o criterios de admisión.
La primera condición especial que se incorpora es informar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de la prestación del servicio contratado a través del cálculo de la huella de carbono de la actividad.
Cómo calcular la huella de carbono en contratos públicos
La medición, sin coste para las empresas, se debe realizar a través de la calculadora de huella de carbono que facilita la Junta de Andalucía.
Se deberá presentar un informe estimado de emisiones a los quince días del comienzo del contrato; otro informe con datos reales al año de la ejecución del mismo, que se presentará de forma anual mientras dure la prestación del servicio, y un informe definitivo, al menos un mes antes de la finalización del contrato, con los datos actualizados de las diferentes anualidades.
Empresas y huella de carbono en contratos públicos
En esta primera fase, el cálculo de la huella de carbono se solicitará para promover la concienciación ambiental de las empresas.
En una segunda fase se implementará una cláusula para incorporar en los pliegos mejoras graduales dirigidas a que las empresas no sólo calculen, sino que también disminuyan esa huella de carbono, adoptando medidas de reducción de la misma durante la prestación de los servicios públicos.
Reducción de emisiones con la huella de carbono en contratos públicos
La huella de carbono es un indicador ambiental que mide la cantidad de gases de efecto invernadero entre los que destacan el dióxido de carbono, el metano o el óxido nitroso, emitidos directa o indirectamente como consecuencia de una actividad.
Su medición se realiza atendiendo a distintos alcances, que incluyen tanto las emisiones directas derivadas del consumo de combustibles y energía, como las emisiones indirectas asociadas a bienes, servicios subcontratados y desplazamientos. Seguir leyendo en CO2.
