La Ley del régimen del comercio de derechos de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) constituye uno de los instrumentos jurídicos y económicos más relevantes para avanzar en la lucha contra el cambio climático en la Unión Europea y en España.
Su objetivo principal es limitar y reducir progresivamente las emisiones de sectores altamente contaminantes mediante un sistema de comercio que combina regulación ambiental y mecanismos de mercado. De ahí la premura de expertos en aprobar dicha norma contando, eso sí, con todos (en una clara mención a los más vulnerables).
La normativa que regula el comercio de derechos de emisión de GEI
El responsable de Políticas Climáticas de la Fundación Renovables, Ismael Morales, ha instado este lunes a aprobar la ’Ley del régimen del comercio de derechos de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI)’ con las salvaguardas necesarias para paliar los efectos negativos que se prevén en la sociedad y sin dejar «a nadie atrás».
«Nos encontramos ante uno de los desafíos más importantes de nuestra generación, que es la eliminación de los combustibles fósiles de nuestra economía, sin dejar a nadie atrás», ha declarado Morales en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso en relación a la aprobación de este nuevo sistema de comercio de emisiones, conocido como ETS2. Aún más en España, donde, ha indicado, existe una dependencia del 68 % en los combustibles fósiles, lo que nos hace y hará «extremadamente dependientes», si no se aprueba esta propuesta de ley.
El pasado marzo, los socios del Gobierno en el Congreso apoyaron una nueva tramitación de una proposición de la ley que regula el comercio de derechos de emisión de GEI que transpone la nueva legislación de la Unión Europea (UE) en este ámbito. Desde 2005, Europa opera el sistema ETS1, que regula las emisiones de carbono en sectores industriales y eléctricos.
El nuevo ETS2 amplía esta regulación a sectores como el transporte por carretera o la construcción. El ETS2 afectará directamente al coste de la energía para los consumidores europeos, al incluir combustibles fósiles usados en calefacción y transporte dentro del sistema de precios del carbono.
Por este motivo, Morales ha incidido en las precauciones que se tienen que tomar en el diseño de este sistema para «salvaguardar» a la sociedad y en que, si bien el mismo irá acompañado de un Fondo Social por el Clima, «no se puede delegar en él la subsanación de todas las afectaciones» que se puedan producir. Así, ha propuesto que, además de elevar la asignación de ingresos de este fondo de un 25 % a un 60 %, también habrá que sacar partidas de los fondos Next Generation o del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y todas las ayudas deben ser «estructurales y sostenidas en el tiempo y no simples parches».
Las medidas se deben enfocar en la población más vulnerable y tener en cuenta factores geográficos y climáticos, como la ampliación y mejora del transporte público y sistemas colectivos, el leasing social de vehículos 100 % eléctricos o, en el campo de la vivienda, oficinas o agencias inclusivas de apoyo a la rehabilitación y transición energética.
El segundo compareciente de la tarde, José Ramón Ferrandis Muñoz, licenciado en Ciencias Políticas y técnico comercial y economista del Estado, ha hecho un recorrido por las temperaturas en la historia de la humanidad para exponer que «no se puede establecer correlación entre CO2 e incremento de temperaturas».
También ha desechado la idea de que la acción del ser humano sea la causante de dicho aumento que vive el planeta, así como de los desastres naturales que, según ha indicado haciendo referencia a la dana del pasado octubre en Valencia, ya habían ocurrido con anterioridad. «Yo no niego el cambio climático, simplemente niego que con esta norma ni ninguna otra similar podamos modificar el patrón de cambio climático que viene teniendo lugar desde el principio de los tiempos«, ha opinado.
Más allá de su carácter técnico, este régimen tiene implicaciones estratégicas. Obliga a sectores clave —como la generación eléctrica, el refino, la siderurgia o la aviación intraeuropea— a internalizar el coste ambiental de su actividad.
En definitiva, esta ley de comercio de derechos de emisión de GEI no solo regula emisiones, sino que transforma el modo en que la economía produce energía y bienes, vinculando sostenibilidad con competitividad. Además, contribuye a que España y la UE avancen hacia sus compromisos de neutralidad climática para 2050. EFE / ECOticias.com
