El Gobierno español se está atrincherando ante la ofensiva de Vox por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), defendiendo con firmeza estas políticas de movilidad sostenible frente a las críticas del partido de extrema derecha.
Vox denuncia que las ZBE son «zonas de alta recaudación» que afectan especialmente a las clases trabajadoras, y exige su derogación inmediata. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado una estrategia institucional para revocar las ZBE en ayuntamientos y parlamentos autonómicos.
Asimismo, Vox ha presentado una proposición no de ley en la Comunidad Valenciana para que se anulen las zonas de bajas emisiones, calificándolas de «ideológicas» y que a su parecer suponen una carga para la industria y el comercio local.
Zonas de Bajas Emisiones: el Gobierno responde con firmeza a la ofensiva de Vox
La secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández, ha defendido este martes la utilidad de las Zonas de Movilidad Sostenible (ZBE) como herramientas para racionalizar el uso del vehículo privado en los centros urbanos y mejorar la calidad del aire.
El Gobierno español se está atrincherando ante la ofensiva de Vox por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), defendiendo con firmeza estas políticas de movilidad sostenible frente a las críticas del partido de extrema derecha.
Hernández ha hablado a favor de las ZBE frente a la pregunta que recibió del grupo parlamentario Vox en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados sobre las «medidas previstas ante el creciente número de ciudades que están optando por no implantar ZBE en sus términos municipales».
La secretaria general de Movilidad Sostenible ha recordado, en primer lugar, que la competencia para el seguimiento e implantación de estas zonas corresponde al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).
Dentro de este ministerio, desde la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, la unidad que gestiona estas zonas, trasladan «que no existe régimen sancionador, por lo que no pueden tomar medidas como tal«, según Hernández.
Las actuaciones desde el Miteco se ceñirán a «instar a los municipios a que adopten las medidas establecidas en las normas de obligado cumplimiento«, así como a solicitar a los municipios obligados «la información relativa a las mismas» para actualizar la información publicada en la web conforme a dicha implementación.
Respecto a las actuaciones desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha informado de que se ha orientado parte de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a financiar inversiones que permitan que las ZBE sean una realidad en los municipios.
De igual manera, se ha incorporado la implantación efectiva de las ZBE como condición para obtener las ayudas de transporte colectivo que gestiona este ministerio.
Vox redobla su rechazo: tumba ordenanzas, exige derogaciones y denuncia “imposición ideológica”
El diputado de Vox, Carlos Flores, ha recordado la ofensiva que viene realizando su grupo político contra estas zonas. A finales de octubre, la formación verde votó en contra y tumbó la ordenanza de ZBE del Ayuntamiento de Valencia, presentada por el PP, y, según ha informado, el pasado viernes reclamaron la derogación de la ZBE de Sevilla.
Entre sus argumentos ha declarado que «las ZBE son el resultado de un marco ideológico pactado por el bipartidismo impuesto desde Bruselas», «una orientación europea» que el Gobierno de Pedro Sánchez transformó «en una obligación legal y sancionable para los municipios».
«No vamos a quedarnos atrás ante la imposición de un modelo encaminado a limitar la libertad de movimiento de personas y mercancías» y que ha «fracturado el tejido social urbano, generando una brecha entre quienes pueden pagar por moverse o quienes no tienen más remedio que quedarse confinados a sus barrios», ha expuesto.
«Las ZBE son el resultado de un marco ideológico pactado por el bipartidismo impuesto desde Bruselas», «una orientación europea» que el Gobierno de Pedro Sánchez transformó «en una obligación legal y sancionable para los municipios».
Este miércoles, Vox presentará en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico una proposición no de ley “relativa al rechazo de imposiciones ideológicas y recaudatorias en los municipios de España” donde insta al Gobierno a “revocar de manera inmediata la implantación obligatoria de las ZBE en los municipios españoles”.
El Gobierno también pone sobre la mesa el respaldo institucional: el Defensor del Pueblo ha defendido que limitar el tráfico de vehículos contaminantes no puede revertirse si ya se han iniciado las restricciones, dado que la ley es clara y las ciudades deben cumplir.
En síntesis, el Ejecutivo central mantiene que las ZBE no son una medida recaudatoria ni ideológica, sino una herramienta legal y técnica para mejorar la calidad del aire, cumplir con los compromisos climáticos y proteger la salud pública, mientras Vox insiste en presentarlas como un ataque a la libertad y una imposición climática antipopular. Seguir leyendo en EFE / ECOticias.com
