“El gobierno de Chile decidió establecer varios cargos contra el gigante de litio SQM, por una serie de presuntas violaciones medioambientales, que podrían resultar en multas de hasta 22,2 millones de dólares, informó recientemente la prensa chilena.”
La SQM otra vez en la mira
Las piscinas de salmuera y las áreas de procesamiento de la mina de litio de Soquimich (SQM) en la salina de Atacama, la segunda salina más grande del mundo, constituyen el mayor depósito de litio actualmente en producción, con más de una cuarta parte de las reservas conocidas mundialmente.
El regulador ambiental chileno está acusando a la compañía de extraer más salmuera de la permitida legalmente en su proyecto SQM Salar Atacama, en el norte de Chile, según las mediciones que se han llevado a cabo desde el año 2013 a la fecha.
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La SMA también está elaborando cargos contra la operadora, por entregar información incompleta a las autoridades con respecto a las actividades de la planta, a la extracción y manejo del agua y a los niveles de los pozos, que se presume estarían fuera de la normativa ambiental vigente.
De cumplirse las previsiones de la reguladora, las sanciones totales derivadas de los cargos podrían ser de hasta 15 mil millones de pesos. Por su parte SQM dijo en un comunicado que respondería a todos los cargos y que estaban tranquilos, ya que sus operaciones no habían causado ningún daño ambiental.
«La empresa responderá en el momento oportuno a las observaciones y acusaciones formuladas por la autoridad ambiental e implementará todos los cambios que sean necesarios, para afirmar su compromiso total con el cumplimiento de las leyes ambientales pertinentes», señaló el vocero de la empresa.
Y agregó que los directivos y empleados de la organización tienen la firme convicción de que ninguna de las infracciones de las que se les acusa haya provocado ningún tipo de daño ambiental, que sea atribuible a la actividad de la compañía.
Otra demanda y van…
Las acusaciones se producen cuando SQM ya se enfrenta a un proceso de arbitraje en Chile realizado por la agencia gubernamental de desarrollo económico Corfo, sobre los pagos de los arrendamientos financieros, en los que podrían haber existido ciertas irregularidades denunciadas por los damnificados.
También está en pie otra investigación, que debe dirimir si la empresa exportó a varios países grandes cantidades de litio, sin la debida autorización por parte de las autoridades y quizá también, sin los controles ambientales que corresponderían a este tipo de transacciones.
