“El fallo de la Corte Constitucional de Colombia señala, en referencia al Río Atrato, que el concepto de “naturaleza como un verdadero sujeto de derechos debe ser reconocido por los Estados y ejercido bajo la tutela de sus representantes legales”.”
Un Río con derechos
De esta manera le otorga derechos al río Atrato y ordena al gobierno limpiar sus aguas, que son las más contaminadas de todo el territorio colombiano. Las operaciones mineras semi-industrializadas con excavadoras y dragas ilegales son uno de los principales impulsores de la deforestación, en el departamento colombiano de Chocó, por donde discurre el Río Atrato.
En 2014, el ombudsman de Colombia declaró una emergencia humanitaria en Chocó debido a problemas sociales, económicos y ambientales. La mayoría de las amenazas al Medio Ambiente fueron impuestas por la deforestación, las mafias de la madera activa y la erosión en las cuencas del Atrato.
Los ríos, los bosques y sus habitantes están inseparablemente conectados en el departamento colombiano de Chocó, en la costa noroeste del país. La gravedad de la contaminación que ha comenzado a afectar el bienestar de todo el ecosistema acuático y las comunidades ribereñas adyacentes, recientemente atrajo la atención de los poderes judiciales superiores de Colombia.
Antecedentes
Nacido en la Cordillera de los Andes Occidentales, el Atrato hace un descenso serpenteante a través de las selvas de Chocó para desembocar en el Mar Caribe, cerca de Panamá. En el camino, recibe agua de más de 15 ríos y 300 arroyos. Si bien las aguas de sus fuentes son cristalinas, a lo largo de su curso se convierte en uno de los ríos más contaminados del país.
En su curso atraviesa una de las regiones más biodiversas del mundo. Las selvas que bordean el río están expuestas a la tala y a las operaciones mineras ilícitas y sufren de tasas históricas de deforestación.
Un fallo histórico
Según la Corte Constitucional colombiana, el río Atrato necesita mejor atención y está «sujeto a los derechos que implican su protección, conservación, mantenimiento y en este caso concreto, restauración». Acusó al gobierno de comportamiento negligente y dio órdenes de que el río se limpie.
El caso fue presentado ante la Corte por la ONG Tierra Digna, organizaciones afrocolombianas y una plataforma indígena. Muchas personas en Chocó dependen del río Atrato y creen que el reconocimiento de la degradación del río y el énfasis de la Corte, en el derecho al agua y a unas condiciones básicas de vida, es un gran paso adelante, especialmente para futuras políticas públicas, con un enfoque ecocéntrico de los derechos humanos.
Colombia tiene el segundo mayor número de conflictos ambientales en el mundo y tiene una economía que se ha construido alrededor de la industria extractiva. Por el momento, el verdadero desafío es poner al gobierno en acción directa ahora que la corte quiere un río limpio.
