En total, los investigadores de este instituto han registrado 388 ataques contra activistas, lo que representan una subida del 34 por ciento con respecto a los datos de 2016. La cifra contempla golpes, amenazas, denuncias y detenciones arbitrarias.
Más de 120 activistas implicados en campañas para proteger las tierras, el medioambiente y los derechos laborales fueron asesinados en 2017, casi un 50 por ciento más que el año anterior, según un informe del Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) que sitúa a México y Colombia como los países más peligrosos.
En total, los investigadores de este instituto han registrado 388 ataques contra activistas, lo que representan una subida del 34 por ciento con respecto a los datos de 2016. La cifra contempla golpes, amenazas, denuncias y detenciones arbitrarias.
Por países, Brasil, México, Colombia, Honduras, Guatemala y Filipinas están entre los más peligrosos para los activistas que combaten contra los intereses corporativos, al sumar entre todos ellos 212 incidentes, según el informe del BHRRC.
En cuanto a los sectores más afectados, minería y agricultura siguen a la cabeza, si bien han crecido los ataques relacionados con proyectos de energía renovable, como presas y parques eólicos, impulsados por las crecientes inversiones en energía limpia.
Las víctimas, incluidos los 127 fallecidos, han sido identificados como activistas, representantes sindicales, líderes indígenas, periodistas y abogados, en su mayoría involucrados en campañas por el derecho a la tierra que se oponen a las minas, plantaciones y centrales eléctricas.
La portavoz de BHRRC, Ana Zbona, ha atribuido este aumento en parte a la mayor atención mundial a este tipo de casos, lo que ha llevado a denunciar y documentar más incidentes. «Estamos viendo, en general, ataques contra activistas y contra las libertades cívicas en todo el mundo», ha añadido en declaraciones a la Thomson Reuters Foundation.
