Es el caso del Pueblo Indígena Karipuna, cuyo territorio se encuentra en los municipios de Porto Velho y Nova Mamoré, en el norte de la provincia de Rondônia/Brasil. Reconocido oficialmente por la ley brasileña en 1998, este territorio cubre un área de 153 mil hectáreas y su conservación es la única garantía para la supervivencia física y cultural de este pueblo.
Hace dos años la deforestación alcanzó su punto máximo entre agosto de 2017 y julio de 2018, con 1.400 hectáreas arrasadas en un solo año. Y los Karipuna plantaron cara al problema y la comunidad inició la vigilancia del bosque y emprendió acciones legales contra los invasores de su tierra, en colaboración con Greenpeace Brasil y el Consejo Indigenista Misionero (CIMI).
Desde entonces, los Karipuna no han dejado de usar las últimas tecnologías para documentar las invasiones de su territorio y denunciar estos casos ante el Fiscal Federal, que ha ordenado numerosas redadas policiales y operaciones en aplicación de la ley. La acción de la Justicia se ha traducido en órdenes de detención, arrestos domiciliarios, incautaciones, así como al bloqueo de 46 millones de reales (alrededor de 8 millones de euros) de las empresas y empresarios implicados.
Vigilancia indígena
Entre agosto y septiembre de 2020, el pueblo Karipuna, Greenpeace Brasil y el CIMI han estado realizando una vigilancia forestal a través de sobrevuelos aéreos, reconocimientos por tierra en vehículos y por río mediante embarcaciones, para identificar la reciente deforestación y destrucción de los bosques en las tierras indígenas protegidas. Durante su vigilancia, descubrieron nuevas zonas deforestadas y campamentos utilizados para apoyar las obras de tala ilegal de madera, además de caminos y puentes ilegales para acceder a las tierras del pueblo Karipuna, que se comunicaron a las autoridades locales a finales de octubre.
Y tras un reciente monitoreo de la deforestación basado en el análisis de imágenes de satélite realizado por Greenpeace Brasil, se constata un descenso de la deforestación que da lugar a la esperanza. En 2020, la tasa de deforestación ha descendido un 49% (523 en 2020 frente a las 1.083 hectáreas en 2019). Es cierto que sigue habiendo deforestación y actividades de acaparamiento de tierras, pero existe una tendencia a la baja.
Son buenas noticias, pero Adriano Karipuna, líder de este Pueblo Indígena, exige al gobierno de Brasil una mayor implicación: “llevamos mucho tiempo luchando contra la destrucción de nuestro territorio, por lo que instamos a las autoridades a rechazar y reprimir el crimen organizado que tala nuestro bosque. Y, aún sabiendo que todavía hay invasores en él, esperamos que las acciones para combatir la deforestación se mantengan y que pronto podamos vivir en paz, según nuestras costumbres y tradiciones”.
El caos de Bolsonaro
Adriano tiene razón. Es necesario que el actual gobierno de Jair Bolsonaro abandone su agenda antiambiental y de recursos y poderes a las instituciones que protegen el medio ambiente. Ante el caos producido por la permisividad de Bolsonaro al sector agropecuario y de la minería, asoma el éxito de los Karipuna en la lucha contra el crimen ambiental en su territorio, algo que puede y debe ser un ejemplo de cómo luchar contra estos delitos.
El gobierno de Bolsonaro tiene que imponer el orden y perseguir a aquellos que siguen amenazando al bosque y a su gente. Los guardianes de la selva, los Pueblos Indígenas, les están señalando el camino.
Fuente: Greenpeace
