Los datos son del informe de la Alianza en Defensa de los Territorios, resultado de una articulación sin precedentes entre los pueblos Yanomami, Kayapó y Mundurukú, los más afectados por la minería, con apoyo técnico de investigadores del Instituto Socioambiental (ISA).
La superficie ocupada por la minería ilegal ya supera a la de la minería industrial. El informe destaca que en 2021 la minería ilegal abarcaba 106,6 mil hectáreas, frente a 97,7 mil ocupadas por la minería formal.
Y revela que las cifras de producción irregular de oro también superan a las de producción legal. En Pará, estado que junto con Mato Grosso concentra más del 90 por ciento de las autorizaciones de explotación minera en Brasil, “se produjeron 30,4 toneladas de oro a partir de la minería, de las cuales 22,5 toneladas (74 por ciento) se extrajeron de manera irregular”, señala.
El gobierno no hizo NADA
Según el documento, la falta de fiscalización, la negligencia de las autoridades y la fragilidad de las leyes facilitaron irregularidades. Que incluyen desde la concesión de licencias para la exploración de determinadas áreas por parte de la minería hasta falta de supervisión a las instituciones financieras autorizadas para comprar oro.
“Toda la cadena está contaminada. Observamos un blindaje de los puntos de venta, un éxito del loby minero para que estas instituciones no estén obligadas a informar de dónde viene el oro”, informa la antropóloga Luisa Pontes Molina, investigadora del ISA y organizadora del informe.
Reconoce que la minería ilegal ha ido creciendo en diferentes momentos, como durante el alto precio del oro en la crisis mundial de 2008. Pero, según la antropóloga, el trabajo de los mineros de oro se amplió durante el gobierno de Jair Bolsonaro.
“A partir de 2019 la minería se descontroló y avanzó”, dice. “Avanzar implica el uso de maquinaria, reclutamiento de indígenas y un desmantelamiento total de los órganos de control”, aclara. Según Molina, la minería funciona como un mecanismo etnocida: un intento de borrar la cultura y las especificidades de estos pueblos.
Se estima que más de 20.000 invasores penetraron en territorios yanomamis en los últimos años. Lo que generó violencia, enfermedades y muertes y culminó en la crisis humanitaria denunciada a principios de 2023.
Casi 100 muertos
Según el Ministerio de Salud, hasta el 30 de abril se registraron 97 muertes indígenas por enfermedades infecciosas, desnutrición y otras causas, 45 por ciento de las cuales en infantes menores de cuatro años: 21 niñas y 23 niños. Las muertes ocurrieron en los pueblos yanomamis (76 muertes), sanuma (17), ye’kuana (2), shiriana (1) y shirixana (1).
En Brasil es hogar de más de 1,6 millones de indígenas. Miles de ellos se dieron cita en Brasilia entre el 24 y el 28 de abril en la 19ª edición del “Acampamento Terra Livre”, evento organizado por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) bajo el lema de demarcación de territorios.
A fines de abril, miles de representantes de pueblos originarios se reunieron en Brasilia, en la 19ª edición del “Acampamento Terra Livre”, solicitando demarcación de sus territorios, entre otras demandas. Crédito de la imagen: Christian Braga/MNI, bajo licencia Creative Commons (CC BY-SA 2.0).
En su discurso de clausura del evento, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que su gobierno trabajará para demarcar “el mayor número posible de tierras indígenas” durante los próximos cuatro años. Terminada su alocución, Lula aprobó el reconocimiento de seis tierras indígenas y se comprometió a combatir la minería ilegal. Durante el mandato del expresidente Bolsonaro no hubo ninguna demarcación de territorios indígenas. Minería ilegal: etnocidio, corrupción y destrucción.
Tierras arrebatadas
A su vez, la líder indígena y titular del Ministerio de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, afirmó que 10 por ciento de las tierras reconocidas están en manos de la minería ilegal, del narcotráfico y bajo la modalidad denominada “grilagem”. Es decir, posesión de tierras ajenas a través de títulos de propiedad falsos, lo que, en su opinión, “deja claro que el Estado no estaba dando atención a nuestros pueblos”.
Para Luisa Molina, realizar solo operaciones puntuales no ayudará, pues se necesita articular todos los órganos de control, además de unir esfuerzos con los países fronterizos por donde transitan los mineros ilegales. Y que forman parte de las rutas de tráfico de mercurio en la región, metal utilizado para separar el oro de los sedimentos y que, por ser altamente tóxico, provoca graves problemas ambientales y de salud.
Para el ecologista Luis Fernández, director ejecutivo del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) de la Universidad Wake Forest de Carolina del Norte, Estados Unidos –iniciativa que investiga los impactos de la minería artesanal y la contaminación por mercurio en la Amazonía peruana–, no hay “píldora mágica o solución inmediata”. “En primer lugar, es necesario contener más la contaminación, para preservar la tierra y prevenir futuros impactos sobre el medio ambiente y los grupos vulnerables”.
El eterno problema del mercurio
Fernández explica que el mercurio es un elemento muy persistente que puede ser transportado por el agua y el aire. “Se absorbe casi al 100 por ciento, se incorpora y contamina la cadena alimentaria. Hay estudios que demuestran que llega a más de 500 kilómetros río abajo y dura cientos de años en la naturaleza”, precisa.
Su emisión al aire se produce por la quema de amalgamas, proceso que se utiliza para liberar el oro de la mezcla formada con el mercurio. Un estudio mostró que los bosques intactos en la Amazonía peruana cercanos a las minas de oro absorben mercurio y también se contaminan, acumulando altos niveles del elemento en la atmósfera, las hojas y el suelo.
Según el informe de la Alianza, la solución para controlar la minería pasa por una mayor fiscalización, bloqueo de las rutas del tráfico ilegal, destrucción de las pistas de aterrizaje clandestinas, los medios de transporte y maquinaria. Así como la interrupción de servicios como internet para la minería dentro de los territorios indígenas. Minería ilegal: etnocidio, corrupción y destrucción.
