Las organizaciones ambientales exigen prohibir el fracking en México. La polémica ha resurgido tras la propuesta del equipo técnico de la presidenta Claudia Sheinbaum, que sugiere mantener los estudios extractivos en el norte del país mientras descarta su práctica en otras regiones por su alto coste ecológico.
El centro del conflicto reside en el brutal consumo de agua que requiere la fracturación hidráulica, en un momento en que el país sufre una sequía preocupante. Estimaciones de CartoCrítica alertan de que extraer solo un diez por ciento del gas requeriría miles de pozos y un gasto hídrico desorbitado en zonas con grave estrés hídrico.
Además del desabastecimiento, los colectivos denuncian el impacto social y los riesgos medioambientales que sufrirían más de seis millones de personas. La posible contaminación de acuíferos subterráneos con químicos nocivos y la generación de sismos inducidos superan con creces los beneficios energéticos de estas técnicas.
Grupos como Greenpeace y la Alianza Mexicana contra el Fracking exigen blindar la Constitución para evitar que se ponga en riesgo la salud y el entorno de las comunidades. Reclaman apostar decididamente por las energías renovables en lugar de seguir perpetuando la dependencia de los combustibles fósiles.
Las organizaciones ambientales exigen prohibir el fracking en México ante la amenaza sobre el agua
Las organizaciones ambientales exigen prohibir el fracking en México y han convertido el futuro de esta controvertida técnica en una batalla por el agua, la salud pública y los derechos de las comunidades. Una treintena de colectivos rechaza que las mejoras tecnológicas planteadas permitan considerar resueltos sus principales impactos.
El conflicto adquiere una dimensión especialmente sensible en el noreste mexicano. Allí coinciden potenciales reservas de gas no convencional con territorios sometidos a estrés hídrico, mientras una estimación de CartoCrítica calcula que explotar únicamente el 10 % de los recursos prospectivos exigiría más de 25.000 pozos.
Las organizaciones ambientales exigen prohibir el fracking en México por sus riesgos
La controversia se reabre después de que un grupo de especialistas convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum planteara continuar los estudios en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, extendidas por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Los expertos sí descartaron avanzar en Tampico-Misantla debido a los riesgos ambientales y sociales detectados. Para las organizaciones, proteger una cuenca mientras permanece abierta la posibilidad de utilizar fracturación hidráulica en otras regiones simplemente desplaza el problema.
Su respuesta es mucho más ambiciosa: reclaman una prohibición constitucional del fracking en todo México. Consideran que únicamente una exclusión nacional impediría que los riesgos ambientales terminen trasladándose entre territorios dependiendo de las reservas disponibles.
El agua convierte el fracking en un problema mucho mayor
El gran interrogante no es únicamente cuánto gas puede obtener México, sino cuánta agua estaría dispuesto a comprometer para extraerlo. Esa cuestión resulta crítica en estados donde la disponibilidad hídrica ya constituye un desafío estructural.
Una investigación de CartoCrítica, citada por las organizaciones, estima que desarrollar apenas el 10 % del gas no convencional prospectivo podría necesitar más de 25.000 pozos y aproximadamente 1.923 millones de metros cúbicos de agua dulce.
Los colectivos añaden un dato todavía más revelador: ocho de cada diez litros potencialmente requeridos serían utilizados bajo condiciones de riesgo hídrico grave. El debate deja así de enfrentar exclusivamente energía y medio ambiente para incorporar la competencia directa por un recurso esencial.
Más de seis millones de personas entrarían en el mapa
La escala humana proporciona otra dimensión al conflicto. Las organizaciones calculan que más de seis millones de personas viven dentro de territorios con potencial extractivo o en sus correspondientes áreas de influencia.
Los colectivos cuestionan precisamente que las comunidades potencialmente afectadas no estuvieran representadas en el comité científico. También echan en falta perfiles especializados en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas, disciplinas fundamentales para evaluar impactos que trascienden la ingeniería extractiva.
La crítica plantea una cuestión decisiva sobre quién debe participar en las decisiones energéticas. Si los impactos potenciales recaen sobre agua potable, salud y territorio, una evaluación exclusivamente tecnológica puede resultar insuficiente para determinar si una explotación resulta socialmente aceptable.
Las nuevas tecnologías no eliminan todos los riesgos
Parte de la discusión gira alrededor de la posibilidad de reducir el impacto mediante agua salada, reciclaje y nuevos aditivos. Las organizaciones rechazan que estas alternativas permitan presentar una nueva generación de fracking esencialmente segura.
Según su argumentación, todavía no existe evidencia suficientemente sólida para concluir que esas soluciones eliminen problemas como la contaminación de acuíferos, las fugas de metano, los terremotos inducidos o determinados efectos sobre la salud.
La diferencia es fundamental. Reducir un riesgo no significa eliminarlo. La cuestión que México deberá resolver no consiste únicamente en determinar si el fracking puede mejorar tecnológicamente, sino qué nivel de riesgo ambiental resulta aceptable cuando existen comunidades y recursos hídricos potencialmente expuestos.
Los residuos abren otro frente bajo tierra
El agua utilizada durante la fracturación tampoco desaparece después de perforar. Su gestión constituye uno de los puntos más complejos porque puede contener sales, metales, sustancias químicas, compuestos disueltos y materiales radiactivos de origen natural.
Las organizaciones cuestionan que la evaluación no concrete suficientemente el destino de estos residuos ni garantice información pública sobre su ubicación, volumen y composición química. También reclaman salvaguardas frente a posibles descargas en masas de agua.
Otra posibilidad es inyectar determinadas aguas residuales en pozos profundos, pero esta práctica también genera controversia por sus posibles efectos sobre acuíferos y sismicidad inducida. Tratar esos residuos, además, puede resultar técnicamente complejo y económicamente costoso.
México debe decidir qué papel tendrá el gas en su futuro energético
Detrás de las organizaciones ambientales que exigen prohibir el fracking en México existe finalmente una discusión sobre el modelo energético. Desarrollar gas no convencional puede aumentar recursos disponibles, pero también implica nuevas infraestructuras fósiles en plena transición hacia tecnologías bajas en carbono.
La cuestión resulta especialmente estratégica para un país con extraordinarios recursos de energía solar y eólica. Cada inversión destinada a ampliar la extracción fósil compite, directa o indirectamente, con capital, planificación e infraestructura necesarios para transición energética.
El pronunciamiento está respaldado por alrededor de 30 organizaciones y colectivos, entre ellos la Alianza Mexicana contra el Fracking, CEMDA, Greenpeace México y Noreste Sin Fracking. Su presión busca ahora trasladar la controversia científica al terreno político y legislativo.
Una treintena de colectivos cuestiona la evaluación
Las organizaciones ambientales exigen prohibir el fracking en México porque consideran que el debate no puede resolverse únicamente preguntando si existe una tecnología capaz de reducir determinados impactos. La cuestión central es si resulta justificable asumirlos en regiones donde el agua ya constituye un recurso vulnerable.
Con más de seis millones de personas potencialmente dentro del radio de influencia, miles de posibles pozos y una demanda hídrica que podría alcanzar dimensiones extraordinarias, México afronta una decisión que excede al gas. Está decidiendo cuánto pesan agua, territorio, salud, energía y participación ciudadana en su modelo de desarrollo.
Las organizaciones ambientales exigen prohibir el fracking en México en 15 segundos
¿Está prohibido el fracking en México?
Las organizaciones ambientales reclaman una prohibición constitucional en todo México, mientras el debate continúa abierto sobre el futuro de esta técnica y la posibilidad de seguir estudiándola en determinadas cuencas.
¿Por qué quieren prohibir el fracking en México?
Los colectivos señalan riesgos relacionados con el consumo y contaminación del agua, fugas de metano, residuos, posibles sismos inducidos y efectos sobre la salud, además de impactos sobre las comunidades.
¿Cuánta agua necesita el fracking en México?
Según una estimación de CartoCrítica citada por las organizaciones, explotar el 10 % de los recursos prospectivos de gas no convencional podría requerir unos 1.923 millones de metros cúbicos de agua dulce.
¿A cuántas personas podría afectar el fracking en México?
Las organizaciones estiman que más de seis millones de personas viven en las zonas con potencial de extracción o dentro de sus áreas de influencia.
¿En qué estados de México se estudia utilizar fracking?
El debate se concentra, entre otras áreas, en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, relacionadas con territorios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
¿El fracking puede contaminar el agua?
Uno de los principales motivos de preocupación es el posible impacto sobre acuíferos y recursos hídricos, tanto durante las operaciones como posteriormente mediante la gestión de aguas residuales.
