La empresa Golden State Wind y la Administración de Donald Trump están contra las cuerdas después de conocerse que el estado de California ha interpuesto una demanda contra ambos por la cancelación del parque eólico marino de Morro Bay. Denuncian un acuerdo privado por cerca de 120 millones de dólares que no solo frena el proyecto, sino que pone en juego cientos de miles de empleos en el estado.
Trump se encuentra en una guerra abierta contra las energías renovables. Según la fiscalía, el Gobierno reasignó ilegalmente los fondos que se le concedieron a la empresa para obligarla a invertir en proyectos de combustibles fósiles fuera del territorio californiano, lo que supone, además, la pérdida de unos 30 millones de dólares destinados a la capacitación laboral y la modernización de la cadena de suministro.
California lleva a Trump a los tribunales por el parque eólico marino de Morro Bay
El estado de California presentó este viernes una demanda contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el promotor inmobiliario Golden State Wind para tumbar un acuerdo de 120 millones de dólares (unos 103 millones de euros) que canceló la construcción de un parque eólico marino de Morro Bay.
Rob Bonta, fiscal general de California, declaró que «La cancelación del contrato de arrendamiento pondría en peligro 30 millones de dólares destinados a la formación de la fuerza laboral, el desarrollo de la cadena de suministro y los beneficios para las comunidades locales”.
La fiscalía tachó la maniobra de ilegal y acusó a la administración de querer frenar las energías renovables parando el parque eólico marino de Morro Bay, lo que podría costarle al Estado unos 174.750 puestos de trabajo y también, según Bonta, «amenaza con retrasar durante años el floreciente sector eólico marino de California».
Tras una subasta muy competitiva de concesiones para la energía eólica marina celebrada en 2022, Golden State Wind se adjudicó una licencia en el Área de Energía Eólica de Morro Bay, frente a la costa central de California.
Esta concesión estuvo destinada a un parque eólico marino de 2 gigavatios, con varios compromisos adicionales de más de 30 millones de dólares para la capacitación laboral, el desarrollo de la cadena de suministro y los beneficios para las comunidades locales como las asociaciones de pescadores, según explicó la Fiscalía. Sin embargo, el Departamento del Interior suspendió el pasado abril esta concesión mediante un acuerdo secreto con Golden State Wind.
De acuerdo con la Fiscalía, el Gobierno «reasignó ilegalmente 120 millones de dólares» para pagar a Golden State Wind por abandonar su contrato de arrendamiento del parque eólico marino de Morro Bay y le exigió invertir «una cantidad igual en proyectos de combustibles fósiles fuera del estado que no contribuirán en absoluto al desarrollo energético de California».
«La compra a puerta cerrada que la Administración Trump realizó a Golden State Wind para detener el desarrollo de la energía eólica marina en favor de la extracción de gas y petróleo es, lamentablemente, una táctica clásica para enriquecer a sus donantes de la industria petrolera», sentenció Bonta.
Este no sería el único proyecto que se ve afectado por la cruzada de la Casa Blanca contra el desarrollo de este tipo de energías renovables: a principios de mes, el Ejecutivo acordó pagar 1.220 millones de dólares a RWE U.S. Offshore, una empresa de energía eólica marina, para que renunciara a tres importantes contratos de arrendamientos en las costas de California, Nueva York y Luisiana.
