El legado fotovoltaico debe socializarse

Miguel Ángel Martínez-Aroca, Presidente de Anpier: España, la Unión Europea y la Comunidad Internacional en su conjunto está atravesando un momento crítico en la perentoria y trascendental Transición Energética que debemos culminar sin más demoras.

Desde mediados de 2021, los precios de las energías -electricidad, gas y derivados del petróleo- han emprendido una escalada que parece no tener fin. Sin embargo, no estamos inmersos en un escenario de escasez de recursos energéticos, más bien todo lo contrario, nos encontramos con una coyuntura de crisis motivada por la confluencia de factores geoestratégicos, regulatorios y especulativos, cuyas consecuencias soportan Estados, empresas y ciudadanos.

De los tres factores mencionados, seríamos capaces de identificar algunas relaciones causa-efecto que puedan explicar tensiones regionales por el Este y por el Sur de Europa, que están elevando -y precisamente en invierno- el precio del gas; y también es sencillo intuir la existencia de prácticas concertadas entre países productores de petróleo, que procuran maximizar sus ingresos. Curiosamente estamos a merced de dos productos que no tendrán sitio en Europa llegados a 2050 y que, por lo tanto, dejarán de desequilibrar la balanza comercial de nuestro país y de nuestro continente, al tiempo que dejarán de servir como argumentos de presión para quienes cuentan con reservas abundantes de gas y petróleo, lo cual actuará en sentido negativo para los Estados y empresas proveedoras, que perderán sus descomunales ingresos y buena parte de sus capacidades para influir en las decisiones de terceros países.

Las renovables han transformado el mundo, singularmente las tecnologías eólica y fotovoltaica. Ahora tenemos la posibilidad de disfrutar de energía limpia, autóctona e inagotable que, en los lugares en los que se cuenta con abundante viento y un número extraordinario de horas de sol, como es el caso de España, supondrá una independencia geoestratégica y unas ventajas competitivas para sus empresas, que tendrán su proyección inmediata en el bienestar de sus ciudadanos, que de la necesidad de descarbonizar sus economías habrán podido alcanzar la virtud de encontrar un importante progreso.

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Si a las reservas de gas y petróleo añadimos la potencia instalada en el planeta de las diferentes tecnologías de generación renovable, llegaremos a la conclusión de que jamás en la historia tuvimos tanto potencial de producción energética por habitante. La transición ecológica supone la necesidad de solapar ambos modelos, el que se extingue y el que se expande y, en este contexto de transformación, como en toda crisis o transición, surgen especuladores y ventajistas: Estados que quieren sacar el mejor de los partidos a sus activos en declive para obtener ventajas geopolíticas, y empresas que tratan de obtener la mayor ganancia posible: unas desde el viejo modelo fósil, otras con el nuevo escenario renovable, y algunas aprovechando las inevitables disfunciones o ineficiencias regulatorias propias de estos periodos de cambio acelerado.

El sistema de precios por tonelada de CO2 emitida, que afecta notablemente a las empresas que se dedican a la generación de energía, ha sido utilizado para especular por parte de algunas mercantiles, que se han lucrado sin esfuerzo ni riesgo de este mecanismo, encareciendo con ello de forma artificial el precio de nuestro MWh. Al mismo tiempo, otras empresas se han visto beneficiadas, y se bien que se han aprovechado de ello, de las ineficiencias que aparecidas en el sistema marginalista de asignación de precios en el mercado mayorista de la electricidad al incorporarse en el precio el coste del CO2 que deben soportar el gas, poniendo en cuestión si este sistema de casación de precios entre la oferta y la demanda de energía eléctrica sufre unas insuficiencias que quizá debieron corregirse hace ya muchos años.

La regulación -fiscalidad aparte- es otro factor que altera el precio final de la energía, singularmente el de la eléctrica. Pero las normas no solamente determinan precio, sino también acota quienes pueden ser los beneficiarios de la actividad de producción de energías. El eléctrico es un mercado regulado, que históricamente ha quedado reservado a un número reducido de operadores. Tradicionalmente, las adjudicaciones, concesiones de explotación o autorizaciones de acceso a recursos naturales han estado ocultos a la sociedad y blindados por una complejidad normativa, que ha actuado como barrera insalvable de entrada a otros operadores.

En este sentido, desde Anpier pedimos que el cambio de paradigma energético sirva para romper con esta tendencia histórica de favorecer los intereses de unas pocas empresas con tendencias oligopolistas, y permita abrir el mercado eléctrico a la sociedad en general y a las pymes en particular. La modularidad que ofrece la fotovoltaica y su sencillez tecnológica permiten devolver al ciudadano la posibilidad de gestionar su propia energía -como desde la noche de los tiempos han hecho los seres humanos -con el viento, la fuerza del agua y la biomasa- o participar del mercado eléctrico suministrando a través de las redes de distribución. En este punto, la única barrera es regulatoria y nuestra organización no solo promueve esta transformación en la propiedad para retener riqueza en los territorios, sino que ha realizado diversas aportaciones para favorecer la materialización de esta gran oportunidad.

El primer gran obstáculo es la limitación que nos encontramos para acceder a redes, el oscurantismo que ha dominado esta cuestión desde que aparecieron las fuentes de producción renovable: el ciudadano y sus pymes nunca han sabido dónde había posibilidad de evacuación a las redes de distribución y transporte que con nuestras facturas de la luz sostenemos, y cuando ha sido obligada la trasparencia -hace tan solo unos pocos meses- hemos comprobado que ya no quedaba apenas evacuación en los nudos, lo cual no nos ha sorprendido, acostumbrados ya al ventajismo de quienes se consideran dueños de todo lo relacionado con la producción eléctrica y a las “compasivas” leyes que han venido disfrutando.

Es preciso recordar que distribuir la propiedad de las instalaciones fotovoltaicas, al menos una parte de la potencia que se precisa instalar en España, no solo fija riqueza en el territorio, sino que aportan ventajas al sistema eléctrico y a los propios consumidores. Los parques de gran tamaño son más rentables, para sus propietarios, porque se benefician de las economías de escala en instalación, operación y mantenimiento; pero estos macro parques son menos ventajosos para las economías y los entornos locales, dado que han de transportar la enorme producción que generan -puesto que no se puede consumir tanto volumen en proximidad-, lo cual supone pérdidas de energía y costes añadidos, que se han de soportar a través de la factura de la luz.

Sin que seamos contrarios a que se instalen los macro parques que sean realmente precisos para garantizar la transición energética y en las localizaciones más oportunas, con un esquema de parques pequeños en redes de tensión inferior a 36 kV no aumentaría el coste de distribución de la nueva energía renovable que se incorpora al sistema, ni se produciría, por innecesario, su transporte a grandes distancias, que ha de realizarse a través de las redes de alta tensión de Red Eléctrica Española, con lo que también sería prescindible elevar a través de transformadores la tensión de la energía que se produce.

La fotovoltaica es una tecnología que, por sus características, ofrece mayores ventajas cuando los puntos de generación están próximos a los de consumo. Con parques de potencial igual o menores a 3 MW las pérdidas de energía que se producen desde la generación al consumo se minimizan, y los costes del sistema eléctrico y la factura de la luz se reducen. Por todo ello, consideramos que estas redes de distribución de hasta 36 kV, que suministran un 75% del consumo total y tan solo conectan un 9% de la generación total, deberían reservar la totalidad de su capacidad de conexión a instalaciones de potencia inferior o igual a 3 MW, que ocupan menos de cinco hectáreas.

Para potencias muy pequeñas hay que articular procedimientos ágiles y simplificados. Por eso, nos parece esencial otorgar un procedimiento abreviado para las instalaciones de potencia igual o menor a 1 MW que conecten en redes de distribución de hasta 36 kV, de tal forma que a estas plantas no les sean de aplicación las actuales reglas de limitación de capacidad de nudos y subestaciones, habida cuenta de que estas instalaciones no afectan a los nudos de evacuación, dado que la energía producida por ellas se absorbe íntegramente en proximidad.

La Unión Europa pretende con su nuevo marco normativo energético colocar al ciudadano en el centro de la transición energética. Esta declaración de intenciones ha de plasmarse, para ser sincera y efectiva, en los marcos normativos estatales. Si el discurso no llega a ser norma, no realizaremos una transición realmente social y justa. Sin acceso a las redes por parte de las pequeñas iniciativas, todo quedará en papel mojado y se cuestionará la sinceridad de los planteamientos.

Con lo expuesto podremos comprender buena parte de los motivos que hicieron fracasar el contingente de 300 MW que el Ministerio para la Transición Ecológica reservó en la última subasta para pequeñas instalaciones de potencia igual o menor de 5 MW. Aunque se agregaron otros factores, como el escaso plazo para presentar proyectos, la falta de campañas de información que animen a las pequeñas pymes a invertir en este mercado o el precio de corte, que no llegaba a los umbrales de rentabilidad para estos proyectos. El intento del Ministerio ha sido loable y las medidas para evitar que, nuevamente, los grandes se “disfracen” de pequeños para acceder a unas condiciones que no les corresponde, también han sido un ejercicio digno de alabanza; pero es necesario reformular el planteamiento para las próximas subastas con un precio algo superior, mayor plazo entre el anuncio de subasta y su celebración, unas adecuadas campañas de información y, por supuesto, unos mecanismos que permitan el acceso y la conexión a las redes de estos proyectos.

Por otra parte, siendo el autoconsumo fotovoltaico una solución óptima y deseable, no aprovecharemos todo el potencial que nos ofrece la fotovoltaica para maximizar la ambición de socializar la transición energética si no se facilita la entrada al mercado a las pymes. El autoconsumo es ahorro y la generación de energía eléctrica para venta son ingresos, no debe priorizarse una y negarse la otra, no es coherente ofrecer generosas líneas de ayudas para el autoconsumo y no facilitar a nuestras pymes la posibilidad de comercializar producción de electricidad, negocio que se está entregando a los grandes desarrollos que emprenden multinacionales con capital foráneo, entre otras cosas porque el autoconsumo es y será una pequeña parte del consumo de energía eléctrica, mientras que el suministro a través de las redes es y será la parte fundamental del mercado eléctrico.

El ciudadano será el “centro de la transición energética”, como pregona la administración estatal y comunitaria, cuando tenga, ya no solo un adecuado acceso al autoconsumo, sino también a la venta de energía si lo desea, o a no implicarse en ninguna de estas actividades y disfrutar de un suministro descarbonizado, universal y a precios razonables. La transición energética será justa si se abre con toda sinceridad a la sociedad y cuando se salde la deuda pendiente con las 65.000 familias españolas que fueron llamadas por el Estado para que, con sus ahorros y desvelos, dieran el primero de los pasos en esta dirección: estar en el centro de la transformación energética; pero que, como premio, fueron mediáticamente estigmatizados y económicamente castigados.

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