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sábado, febrero 4, 2023

El borrador de autoconsumo es discriminatorio y va contra las leyes europeas

Sobre el carácter discriminatorio de la norma, argumenta que esta discriminación se produce con respecto a otros consumidores y a otras medidas de ahorro y eficiencia energética, como la cogeneración o la utilización de electrodomésticos eficientes.

Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) considera que el borrador de real decreto de autoconsumo elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo es «discriminatorio» y va contra las directivas de la Unión Europea.

La formación realiza estas consideraciones en su escrito de alegaciones a este borrador, al que ha tenido acceso Europa Press. La norma, asegura, «contiene una serie de elementos que van a impedir el fomento de la autogeneración de energía».

En concreto, denuncia el «impuesto al sol» incluido en la norma, que, aunque ya no es el peaje de respaldo del anterior borrador de real decreto de julio de 2013, «sigue siendo una traba económica que hace inviable el autoconsumo». «Y además, añaden un cargo extra para los que quieran instalar un sistema de almacenamiento de energía, lo que hará inviable su rentabilidad», señala.

Sobre el carácter discriminatorio de la norma, argumenta que esta discriminación se produce con respecto a otros consumidores y a otras medidas de ahorro y eficiencia energética, como la cogeneración o la utilización de electrodomésticos eficientes.

«La propia CNE afirmaba que el establecimiento de un peaje de respaldo únicamente a los consumidores acogidos a las modalidades de autoconsumo supone un trato discriminatorio con respecto al resto de consumidores, que pudiendo reducir su consumo en el caso de que adoptaran medidas de eficiencia energética, no pagarían este peaje por la energía que pudieran ahorrar», explica.

ICV también entiende que el borrador favorece a los combustibles fósiles, ya que exime a las centrales de producción convencionales de los cargos por autoconsumo de sus centrales de generación, que llegan a ser de un 8% de su producción.

La norma es además, a su juicio, «retroactiva, injusta y desproporcionada», sobre todo al mantener las multas de hasta 60 millones de euros para las instalaciones que no se regularicen con la nueva normativa. Esta sanción llega a ser el doble de las previstas para los escapes nucleares y hasta 260 veces más que la prevista para negligencias que provoquen un accidente aéreo.

También critica que no se permita el balance neto de electricidad, que se «castigue» a las familias que sufren pobreza energética y que conlleve trámites administrativos «farragosos y económicamente desincentivadores».

En cuanto a las directivas comunitarias, considera que se vulneran normas como la referida a las renovables o a la eficiencia energética, en la que se pide a los gobiernos que tomen medidas para suprimir las barreras de todo tipo que se opongan a la eficiencia energética.

ep

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