Además, se ha ordenado iniciar el proceso de revisión del planeamiento territorial que resulte afectado por cada uno de estos proyectos en el plazo de seis meses a partir de la notificación del decreto.
El Ejecutivo de Canarias ha aprobado este lunes, en Consejo de Gobierno, el impulso de cinco parques eólicos en los municipios de Arico y Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, que tendrán una capacidad total de 97,15 megavatios.
En concreto, se ha aprobado la ejecución de cuatro proyectos de parques eólicos en Arico, con una capacidad total de 78,75 MW, y uno en Grandilla de Abona con 18,4 MW, según informó el Ejecutivo regional en nota de prensa.
Además, se ha ordenado iniciar el proceso de revisión del planeamiento territorial que resulte afectado por cada uno de estos proyectos en el plazo de seis meses a partir de la notificación del decreto.
De esta forma, los parques que se ordenan ejecutar en el municipio de Arico son: el Parque Eólico La Morra de 6,3 MW, promovido por Alas Capital & Gas Natural S.A.; el Parque Eólico Tagoro Risco Blanco de 16,45 MW, promovido por Estudio Leyvi’s S.L.; el Parque Eólico Icor de 30 MW promovido por Sistemas Energéticos Islas Canarias S.L.; y el Parque Eólico de Arico de 26 MW de Parque Eólico Finca de Mogán.
En el caso de Granadilla de Abona, el decreto aprobado se refiere a la ejecución del proyecto del Parque Eólico Areté de 18,4 MW, promovido por Parques Eólicos Granadilla A.I.E.
La aprobación de estos decretos se enmarca en la estrategia de trabajo que el Gobierno de Canarias lleva a cabo con el objetivo de avanzar en la implantación de energías renovables en las islas. Así, en todos los textos aprobados se considera que concurren razones justificadas de excepcional interés que motivaron la declaración de interés general de las obras necesarias para la ejecución de dichos proyectos por parte de la Dirección General de Industria y Energía.
Asimismo, se expone que la aprobación de los decretos se realiza una vez concluido el plazo del trámite de audiencia, en el que las corporaciones implicadas podían informar sobre si los proyectos de las obras estaban conformes o no con sus respectivos planeamientos territoriales.
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