“España ha dado el segundo de los cuatro pasos necesarios para llevar a cabo el aumento de capacidad de las energías renovables, mediante la promulgación de una orden ministerial que establece una subasta para el 17/5, pero las asociaciones solares del país se quejan de que las condiciones de la misma se inclinan de manera flagrante a favor de la eólica.”
La posición de UNEF
Según la UNEF (Unión Española Fotovoltaica), el gobierno ha introducido un precio mínimo, para que los desarrolladores no puedan pujar por debajo de del mismo, lo que aumentaría las posibilidades de que haya un empate en las ofertas más bajas.
Simultáneamente hay una medida que dicta que, si hay empate, entonces los proyectos con mayores horas de operación serán otorgados antes de los que tengan algún tipo de corte (como sucede con la energía solar de noche o en días excesivamente nublados). Por lo tanto, esto beneficiaría al viento.
UNEF quiere que este precio mínimo sea cancelado para que los desarrolladores puedan presentar una oferta tan baja como les sea posible. Afirman que ello sería mejor para el sistema energético global y para el consumidor, que accederá a costos más baratos, mientras que, como está presentada la oferta les parece que no sería justa.
La semana pasada la industria fotovoltaica se quejó de las declaraciones del ministro de energía Álvaro Nadal, al anunciar en el Senado que esperaba que el viento tuviera un enorme éxito en la licitación. Para UNEF esa no es la forma de actuar de un ministro imparcial.
La UNEF celebró una reunión extraordinaria tras el anuncio de la subasta, para pedir la opinión de todos sus asociados, lo que resultó en una decisión unánime de solicitar a la Corte Suprema la aplicación de «medidas cautelares» contra la subasta de energías renovables. Esto podría resultar en la suspensión de la oferta.
Anpier denuncia oligopolio de electricidad
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) de España afirmó que la licitación de energía renovable del país es parte de los intentos estatales de privatizar la generación de electricidad.
Según ellos, esto se haría permitiendo que sólo a un pequeño grupo de empresas puedan beneficiarse de la generación de energía solar, mientras que el consumidor medio sigue coartado en sus derechos de autoconsumir, por el “Impuesto al Sol”.
Anpier sostiene que la licitación protege el oligopolio de la generación de electricidad en España favoreciendo la capacidad a gran escala, ya que se concederán proyectos competidores que ofrecen el mismo precio, sobre la base de cuál de ellos tiene la generación más alta. Esto deja poco espacio para que los ciudadanos tomen parte en los sistemas a pequeña escala.