Alegría por la eliminación del impuesto al sol y al impulso del autoconsumo

La organización pide al Congreso que además establezca el fin de las subvenciones a las grandes empresas contaminantes y acabe con los abusos del mercado. Greenpeace advierte de que vigilará que la tramitación de enmiendas al texto no implique un retroceso en materia de derecho al autoconsumo.

Tras la validación en el Congreso del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, Greenpeace celebra que finalmente se acabe con el impuesto al sol y con las trabas administrativas al autoconsumo tras tres años desde su aprobación:

Alegría por la eliminación del impuesto al sol y al impulso del autoconsumo

“Es una gran victoria que al fin se acabe con las barreras al autoconsumo porque cuando las personas luchan contra el climático, deberían ser premiadas, no penalizadas. Ahora es necesario que el Congreso se comprometa a no modificar la parte relativa al autoconsumo en la tramitación del Proyecto de Ley que parte de la base del real decreto ley aprobado hoy”, señala Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Energía y Cambio Climático. “Además, hay que reconocer de forma justa el valor de la electricidad generada por los autoconsumidores para acelerar la reducción de las emisiones de CO2 y reducir la factura de la luz para todos los hogares”.

Greenpeace ya demostró en 2016 que una de cada tres personas en España podría producir su propia energía con renovables, generando hasta la mitad de la demanda de electricidad para 2050. Además, según el reciente estudio ‘Desmontando el impuesto al sol’, la organización también mostró que las personas que se autoabastecen de electricidad renovable, además de pagar impuestos y costes del sistema como el resto de usuarios, aportan a España un valor neto adicional de 59 euros por cada MWh producido, independientemente de que este se inyecte a la red o se autoconsuma.

Además, la organización valora positivamente la propuesta de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que la fijación de las tarifas eléctricas y del gas pasen a ser competencia del organismo regulador. La organización pide que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establezca una metodología clara para el cómputo de los costes del sistema y su reparto entre los consumidores. Esta medida deberá ir acompañada de un ejercicio profundo de transparencia y participación ciudadana.

Es una gran victoria que al fin se acabe con las barreras al autoconsumo porque cuando las personas luchan contra el climático, deberían ser premiadas, no penalizadas.

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El Congreso ha acordado aprobar el Real Decreto Ley y, al mismo tiempo, tramitar su texto en paralelo como Proyecto de Ley sobre el que se presentarán enmiendas. Para estas enmiendas, Greenpeace pide al Congreso una tarifa y un mercado eléctricos que pongan a las personas y al planeta en el centro. Por ello, solicita que se introduzcan medidas para realizar una reforma fiscal ambiental y para acabar con las subvenciones a las grandes empresas contaminantes y con los abusos del mercado.

“Abaratar artificialmente el carbón, el gas, el petróleo y el uranio mediante subvenciones mantiene la dependencia desproporcionada a un sistema energético obsoleto, contaminante, peligroso y caro para la ciudadanía”, ha añadido Pizzinato.

Por último, Greenpeace señala que es imprescindible que las medidas para reducir la factura de la luz y la pobreza energética estén en línea con un Plan de Cambio Climático y Transición Energética que incluya el abandono ordenado del carbón y la energía nuclear antes del 2025 y el compromiso para alcanzar un sistema energético eficiente, inteligente, democrático y 100% renovable antes del 2050.

Propuestas concretas para enmiendas al Proyecto de Ley

Acabar con abusos de situación dominante en el mercado eléctrico

Greenpeace pide la separación horizontal total y efectiva entre actividades liberalizadas y las reguladas, de manera que no puedan ser realizadas por las mismas empresas o grupos empresariales.

Las personas en el centro de un sistema eléctrico eficiente y 100% renovable

Para ello, Greenpeace demanda al Gobierno y el Congreso que:

  • Establezca un sistema de remuneración adecuada de la electricidad excedente;
  • Habilite la modalidad de autoconsumo virtual compartido entre diferentes puntos de conexión;
  • Reconozca el derecho de los consumidores a la propiedad y acceso en tiempo real a los datos de sus contadores eléctricos;
  • Elimine o reduzca considerablemente el término fijo de la factura de la electricidad que supone una de las mayores barreras para el ahorro energético;
  • Regule la gestión de la gran hidráulica para maximizar la entrada de renovables y el abaratamiento de la factura en lugar que para maximizar los beneficios de las grandes empresas;
  • Contemple excepciones para proyectos de energía comunitaria para el aumento de avales y peajes de conexión a la red;
  • Reconozca la energía como derecho habilitando intervenciones contra la pobreza energética basadas en las energías renovables y sistemas de autoconsumo virtual colectivo y la rehabilitación energética de los edificios.

– Aplicar el principio de “quien contamina, paga” y eliminar las subvenciones de las energías contaminantes y peligrosas

Para ello, Greenpeace demanda al Gobierno y al Congreso:

  • Una reforma ambiental completa de la fiscalidad energética que introduzca el concepto de “quién contamina paga”;
  • El fin de todas las subvenciones públicas y encubiertas que reciben estas centrales, empezando por:
  • Aplicar el principio de “quien contamina, paga” para que se haga responsable de los impactos sociales y ambientales de las emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones contaminantes y residuos nucleares;
  • Eliminar los pagos por capacidad que una reciente investigación de Greenpeace cuantifica en casi 18.000 millones en los últimos 20 años;
  • Hacer que las empresas paguen el total del coste del desmantelamiento de sus instalaciones y la gestión de los residuos nucleares durante todo el tiempo que tengan niveles peligrosos de radiactividad;
  • Hacer pública y accesible toda la información sobre quién recibe las subvenciones del sector;
  • Eliminar los llamados “beneficios caídos del cielo” de los que disfrutan la energía nuclear y la gran hidráulica.

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