Bruselas investiga la compra de la filial de renovables de RWE por parte de E.On

La transacción forma parte del acuerdo alcanzado entre las dos firmas hace un año para llevar a cabo un intercambio de activos valorado en 22.000 millones de euros, que supone una profunda reestructuración del sector energético alemán.

La Comisión Europea ha anunciado este jueves la apertura de una investigación en profundidad sobre la adquisición de Innogy, filial de renovables de RWE, por parte de E.On, al sospechar que la operación podría reducir la competencia en los mercados minoristas de electricidad y gas en varios países del bloque comunitario. La transacción forma parte del acuerdo alcanzado entre las dos firmas hace un año para llevar a cabo un intercambio de activos valorado en 22.000 millones de euros, que supone una profunda reestructuración del sector energético alemán.

Este pacto incluye el traspaso de la propiedad del 76,% de Innogy a E.On. «Los hogares europeos y las empresas clientes deben poder comprar electricidad y gas a precios competitivos. Nuestra investigación quiere garantizar que la adquisición de Innogy por parte de E.On deje competencia suficiente en el mercado para evitar que conduzca a incrementos del precio», ha explicado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Bruselas tiene la sospecha, tras haber llevado a cabo una investigación preliminar, de que la operación podría eliminar a un competidor «importante» en los mercados minoristas de electricidad y gas, bien a nivel nacional o regional, de Alemania, República Checa, Eslovaquia y Hungría, países en los que ambas sociedades tienen una «fuerte» posición de mercado.

«En este momento, la Comisión cree que el competidor restante sería insuficiente para restringir el poder de mercado de la entidad combinada y evitar incrementos en los precios para los consumidores», ha indicado el Ejecutivo comunitario. La transacción fue notificada a los servicios de Competencia de Bruselas el 31 de enero de este año. Innogy y E.On, por su parte, han preferido no presentar medidas correctoras para atajar las sospechas iniciales del Ejecutivo comunitario.

La Comisión Europea dispone de un plazo de 90 días, hasta el 23 de julio de 2019, para tomar una decisión al respecto, aunque ha subrayado que la apertura de la investigación no prejuzga el resultado final de la misma.

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