La Audiencia de Valladolid ha ordenado abrir procedimiento abreviado contra el vecino de la capital Ignacio M.V, propietario de una extensión de 30 hectáreas ubicadas en Toro (Zamora), y su padre, Lorenzo M.C, como presuntos autores de un delito de estafa cometido en 2007 cuando el primero, supuestamente con la colaboración del segundo, arrendó dicha extensión a la empresa vallisoletana Gotoga Brokers S.L. para la instalación de un parque solar fotovoltaico y poco después vendió la misma parcela a Pevafersa para idéntico fin.
En su día, Gotoga Brokers S.L, especializada en la instalación de parques solares fotovoltaicos, interpuso querella criminal por estafa contra el propietario del terreno, Ignacio M.V, y la mercantil zamorana Pevafersa S.L, a quienes reclamaba casi 3,5 millones de euros.
La querella recayó en el Juzgado de Instrucción número 5, que tras practicar las correspondientes diligencias archivó las mismas por no encontrar indicios de delito. Sin embargo, la empresa querellante, que desistió de seguir ejercitando acciones contra Pevafersa, presentó recurso de apelación ante la Audiencia de Valladolid para que continuase la tramitación de las diligencias contra el titular de las tierras y su padre, Ignacio M.V. y Lorenzo M.C, respectivamente.
Dicho recurso ha sido finalmente estimado por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, que, en un auto al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, ordena al Juzgado de Instrucción 5 «continuar la tramitación de las presentes diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado contra Ignacio M.V. y Lorenzo M.C. por si los hechos imputados fueran constitutivos de un delito de estafa».
La sociedad querellante decidió iniciar acciones penales tras rubricar un contrato con el vecino de Valladolid Ignacio M.V, a quien alquiló la referida superficie situada en Toro para la instalación de un parque solar fotovoltaico, y comprobar que a posteriori el propietario del terreno vendió los mismos a Pevafersa S.L. para que ésta, dedicada a la misma actividad, acometiera un proyecto de similares características.
En la misma querella, Gotoga Broker S.L. reclama a los querellados casi 3,5 millones euros, cantidad en la que incluye los gastos de tramitación de la instalación solar prevista, los 2.250.000 euros que se vio obligada a poner como aval ante la Junta de Castilla y León y el lucro cesante, obtenido de multiplicar el precio en el mercado del megavatio (0,75 euros) por los 4.500 kilovatios de potencia previstos en dicho parque.
Los hechos se remontan al día 26 de mayo de 2007 cuando Gotoga Broker S.L. y el querellado Ignacio M.V, vecino de Valladolid capital, acordaron suscribir un contrato de arrendamiento, por espacio de veinticinco años, respecto de once parcelas con una extensión de 30 hectáreas que este último poseía en el polígono número 5 de Toro, donde la mercantil querellante proyectaba ubicar un parque solar fotovoltaico para la producción de energía eléctrica.
ALQUILER POR 25 AÑOS.
En dicho contrato se estipulaba que en el supuesto de que el arrendador vendiera las fincas, el comprador de las mismas quedaría obligado a cumplir las condiciones establecidas en el contrato.
Con la seguridad del cumplimiento del contrato, la empresa querellante inició ante la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Toro todas las gestiones para la ejecución del proyecto, hasta que en el curso de tales trámites los responsables de la mercantil descubrieron que ante la Dirección General de Energía y Minas de la Junta se había presentado otra solicitud por parte de otra sociedad de la competencia, Pevafersa S.L, con domicilio social en Toro, y que perseguía construir también un parque similar en idénticos terrenos.
Fue entonces cuando los responsables de la mercantil vallisoletana conocieron que el propietario de las parcelas, en fecha 5 de julio de 2007, había vendido las mismas a Pevafersa S.L, ocultando en el contrato de compra-venta la existencia del contrato de arrendamiento previamente firmado con la querellante.
Gotoga Brokers entendió en su momento que la empresa competidora Pevafersa había tenido la intención desde hacía tiempo de hacerse con el terreno y que tras enterarse del alquiler del mismo decidió, «en connivencia con el propietario, adquirirlo y ocultando dolosamente la existencia del contrato de arrendamiento, comprarlo y solicitar a su vez a la Junta de Castilla y León la autorización necesaria para la instalación de un parque solar fotovoltaico», si la mercantil zamorana ha quedado al margen de la querella.
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