La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de España (Fenie) asegura que los recortes aplicados en el sector fotovoltaico «perjudicarán gravemente a miles de empresas instaladoras y a sus trabajadores», y acabarán con cerca de 4.000 empleos directos de alta especialización.
Además de estos empleos directos, la decisión del Gobierno de recortar las primas a las instalaciones fotovoltaicas podría provocar, según los cálculos de la misma asociación, la pérdida de otros 20.000 empleos indirectos.
Este efecto sobre el empleo en el sector de los instaladores eléctricos se debe a que, al amparo de la legislación que estimulaba el desarrollo de las renovables, muchas empresas han reconvertido sus líneas de negocio y han invertido capital en formar a un gran número de trabajadores para atender esta nueva demanda.
Una vez aplicado el recorte, se ha producido «inestabilidad en los inversores», que «no huyen de los menores plazos de amortización de inversiones, sino de la inseguridad jurídica», asegura la asociación.
El cambio en el número de horas con derecho a prima, indica, sitúa «al borde de la quiebra» a muchas empresas, que han recibido numerosas anulaciones de pedidos por parte de clientes y que «se ven abocadas a un cierre paulatino».
Este «dislate», añade, se ha realizado sin tener en cuenta la diferencia entre irradiación por regiones y «va a situar a muchas plantas en situación de bancarrota técnica, lo que forzará a su venta o paralización, con la consiguiente pérdida de empleos de mantenimiento de las plantas fotovoltaicas».
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