La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) aseguran que, si el Congreso aprueba mañana el real decreto ley con el recorte de horas con derecho a prima, los promotores podrían presentar cerca de 630.000 demandas ante el Tribunal Supremo.
Estos recursos se irán presentando hasta que haya sentencia firme y, atendiendo a la «dilatada lista de espera» del Supremo, de unos tres años para este caso, podrían superar los cientos de miles, aseguran las asociaciones, que recuerdan que en el sector participan cerca de 50.000 pequeños productores.
Si bien un real decreto ley sólo puede ser recurrido directamente por el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cienta senadores o por los gobiernos y parlamentos de las comunidades autónomas, las asociaciones aseguran que los pequeños promotores sí podrán acudir a los tribunales para reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración.
En un comunicado conjunto, las tres asociaciones afirman que, para reclamar la responsabilidad patrimonial, los titulares deben recurrir todos los actos administrativos que se deriven de la aplicación del real decreto ley, es decir, todas las liquidaciones mensuales de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en las que no se abonen las primas.
De esta forma, se producirán decenas de miles de recursos contra cada una de las liquidaciones mensuales de la CNE, hasta el punto de que la extrapolación de datos podría hacer que las demandas superasen el medio millón en tres años.
ECOticias.com – ep
