La plataforma Cántabros por una Ordenación Racional de la Energía (CORE), que se opone a los proyectos eólicos del Gobierno regional, ha alertado a las empresas adjudicatarias del concurso de asignación de potencias de que sus proyectos carecen de base legal.
Este colectivo se apoya tanto en la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba el Bitrasvase del Ebro-Besaya como en el informe del Defensor del Pueblo sobre el plan eólico.
Ambos, sostienen, «ponen en evidencia la fragilidad legal» de este proyecto al cuestionar los «procedimientos arbitrarios» de la Administración en sus trámites.
CORE ha hecho hincapié en el «contundente» informe del Defensor del Pueblo, que «pone sobre la mesa las importantes incongruencias» del plan eólico, con cuestiones como la «inutilidad» del estudio de la Universidad de Cantabria o la falta de planificación energética previa.
En consecuencia, la plataforma advierte a las empresas de que si se tramitan las evaluaciones ambientales por separado, «estarán incurriendo en un fraude de Ley».
CORE es un colectivo integrado por Arca, Asociación ARCERA, Cantabria Nuestra, Federación ACANTO, Foro Becedo, Fundación Naturaleza y Hombre, Mortera Verde, SEO/BirdLife y la Revista Cantárida.
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