Esta orden, del 14 de febrero, recoge la revisión de los peajes eléctricos a partir del 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, señala Protermosolar en un comunicado.
La asociación empresarial del sector termosolar Protermosolar ha recurrido, como también ha hecho en paralelo la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la orden sobre peajes eléctricos 221/2013 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al considerar que «representa una vulneración de los principios de rentabilidad razonable y seguridad jurídica».
Esta orden, del 14 de febrero, recoge la revisión de los peajes eléctricos a partir del 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, señala Protermosolar en un comunicado.
La asociación denuncia que los cambios regulatorios a los que se ha visto sometida la termosolar tanto en la ley 15/2012 como en el real decreto ley 2/2013 suponen ya un recorte del 37% en sus ingresos.
Además, lamenta que las decisiones adoptadas por el Gobierno partan de unas previsiones erróneas de la potencia instalada para 2013. Mientras la Administración estima que el sector contará con 2.521 megavatios (MW) a cierre de 2013, solo se alcanzarán 2.300 MW, afirma.
Esta sobreestimación, argumenta, afecta al cálculo de la previsión de primas para este año y supone una diferencia de 300 millones, cantidad que habría hecho innecesaria la adopción de las medidas recogidas tanto en los reales decretos como en la orden ministerial.
Ahora, las medidas adoptadas serán «inasumibles» para el sector, indica Protermosolar, antes de asegurar que la solución al déficit de tarifa no pasa por un recorte a los ingresos de las renovables.
El déficit de tarifa procede de «no trasladar la totalidad de los costes regulados a los consumidores finales», y una parte del mismo se debe al «continuo aumento de los costes de distribución, los de la moratoria nuclear o las subvenciones a los ciclos combinados», así como de las extrapeninsulares y las «ayudas directas» a las grandes empresas.
La asociación denuncia además la inseguridad jurídica en la que se encuentran las inversiones en termosolar, de las que el 35%, o cerca de 15.000 millones de euros, procede de capital extranjero.
ECOticias.com – ep
