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jueves, febrero 9, 2023

ONG ecologistas, contra la reforma energética

En este sentido, han señalado que, desde su punto de vista, el «extenso» paquete normativo, «presentado en poco más de una semana», culpa del déficit tarifario «al desarrollo de las energías renovables

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF rechazan la reforma energética presentada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo porque, en su opinión, atenta contra el medio ambiente y no soluciona los problemas del sector, «en favor» de los intereses de las grandes compañías eléctricas, según han informado en un comunicado conjunto.  

   En este sentido, han señalado que, desde su punto de vista, el «extenso» paquete normativo, «presentado en poco más de una semana», culpa del déficit tarifario «al desarrollo de las energías renovables y al descenso de la demanda eléctrica», mientras que no tiene en cuenta «los enormes beneficios de las eléctricas en un mercado distorsionado, muy poco transparente, y controlado por grandes empresas».

   Las organizaciones consideran que la propuesta legislativa del Gobierno  «va a contracorriente de la tendencia internacional de apoyo a las renovables como motor económico de futuro» ya que recuerdan que éstas fomentan la independencia energética y luchan contra el cambio climático.

   En concreto, señalan el Real decreto sobre autoconsumo, que «en lugar de fomentarlo, lo penaliza» con una serie de requisitos que «imposibilitan» que cualquier persona pueda producir su propia energía «de forma limpia y más barata que la consumida desde la red». Y, denuncian que, según esta norma, el no registrarse como autoconsumidor en el ministerio conllevará incurrir en una falta muy grave tipificada con una sanción de hasta 60 millones de euros.  

   Los ecologistas también apuntan que el paquete normativo está diseñado para «frenar en seco el desarrollo de las energías renovables en favor de las tecnologías sucias» (gas, carbón y uranio), cambiando, de forma retroactiva, las normas para inversiones que ya se han producido, y avisan que traerá inseguridad jurídica en este sector y se producirán reclamaciones al gobierno que «previsiblemente» tendrá «un coste mayor que el que se pretendía evitar».

ECOticias.com – ep

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