El Supremo del Reino Unido avala ejecutar laudos contra España por renovables, confirmando que los inversores podrán reclamar 120 millones de euros por los recortes retroactivos aprobados en 2013.
La decisión refuerza la validez internacional de los arbitrajes del CIADI y deja al Estado español expuesto a eventuales embargos de activos comerciales en territorio británico.
El Supremo del Reino Unido avala ejecutar laudos contra España por renovables y rechaza la inmunidad soberana
La justicia británica respalda a los inversores internacionales y deja al Estado expuesto a posibles embargos por los recortes retroactivos de 2013.
Un tribunal del Reino Unido no aceptó el argumento de España de que la inmunidad soberana protegía al país de cumplir con un laudo arbitral sobre cambios en la regulación energética que afectan a los inversores extranjeros.
La sentencia permite a los acreedores continuar los esfuerzos para recuperar una deuda que está pendiente desde 2018. Esto podría incluir acciones contra activos comerciales propiedad del Estado español en Inglaterra.
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120 millones por los recortes retroactivos de 2013
El Tribunal Supremo del Reino Unido confirmó este miércoles que pueden ejecutarse en el país los laudos de arbitraje internacional. Estos obligan a España a indemnizar a Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar con 120 millones de euros por el recorte retroactivo en 2013 de las primas a energías renovables.
Los jueces del Supremo desestimaron el recurso presentado por el Estado español y ratificaron la decisión emitida en 2024 por el Tribunal de Apelación. Esta decisión dio la razón a las empresas al considerar que la adhesión de España al Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, constituye «una aceptación de la jurisdicción británica» para la ejecución de los laudos.
La corte también rechazó el argumento del Gobierno de España de que estaba amparado por la inmunidad soberana.
España, expuesta a embargos en Inglaterra
En un comunicado, los abogados de los inversores dijeron que, después de la decisión recientemente tomada, podrán continuar con sus esfuerzos para recuperar la deuda que se debe desde 2018. Esto incluye la opción de actuar sobre propiedades comerciales del Estado español en Inglaterra.
Recordaron que el Tribunal Superior de Londres ordenó en 2023 una medida provisional que grava un terreno propiedad de España en la zona de Notting Hill y que ese asunto será objeto de una vista definitiva más adelante este año. A su juicio, la decisión de este miércoles deja a España expuesta a eventuales embargos si persiste en su negativa a pagar.
Richard Clarke, abogado del despacho Kobre & Kim, que representa a los demandantes, afirmó que el fallo «refuerza el consenso internacional de que los laudos del CIADI deben cumplirse y ejecutarse por los Estados signatarios» y sostuvo que, cuando un Estado acepta por tratado renunciar a su inmunidad jurisdiccional, no puede invocarla posteriormente para impedir la ejecución.
Infrastructure Services Luxembourg, domiciliada en Luxemburgo, y Energia Termosolar B.V., de Países Bajos, acudieron al CIADI para reclamar compensación por los cambios que España introdujo en su régimen regulatorio del sector energético.
El tribunal arbitral emitió los laudos condenatorios, que reconocieron que estas modificaciones violaron el Tratado de la Carta de la Energía de 1994 y fijaron pagos de 62 y 58 millones de euros, respectivamente, según el dictamen.
La retirada del Tratado de la Carta de la Energía
España notificó en 2024 su retirada del Tratado de la Carta de la Energía, aunque la cláusula de supervivencia mantiene la protección de inversiones previas y no afecta a los laudos ya dictados.
A finales de 2025, España acumulaba 28 condenas firmes derivadas de arbitrajes similares por un total de unos 1.750 millones de euros, más cerca de 300 millones en intereses de demora, según fuentes de las empresas afectadas.
Ante la negativa del Estado a pagar, los acreedores han impulsado la ejecución de los laudos en jurisdicciones como Estados Unidos, Australia, el Reino Unido o Bélgica, con algunas resoluciones favorables e incluso medidas de embargo.
Una orden provisional emitida en 2023 ya impuso una carga legal sobre un terreno propiedad de España en la zona de Notting Hill, en Londres. Se espera una audiencia final sobre el asunto a finales de este año.
La disputa tiene su origen en las reformas regulatorias del sector de las energías renovables que se consideraron infringidas por las protecciones internacionales a la inversión. A finales de 2025, España había acumulado docenas de laudos arbitrales similares por un total aproximado de 1.750 millones de euros. Seguir leyendo en ENERGIAS RENOVABLES
