En la presente legislatura se llevará a cabo también la evaluación del desarrollo del IV Programa Marco Ambiental y se pondrá en marcha la elaboración de la nueva Estrategia Ambiental Vasca donde el Medio Ambiente se conciba como un factor de prosperidad y bienestar.
El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, ha comparecido esta mañana en el Parlamento Vasco para explicar las líneas generales de actuación del departamento durante los próximos cuatro años, unas líneas que, según ha señalado al comienzo de su intervención, “constituyen el desarrollo de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Gobierno suscrito por el PNV y mi partido, el PSE-EE”. Arriola ha fijado como objetivo general de su actuación al frente del departamento conseguir una mayor cohesión social entre las ciudadanas y ciudadanos vascos mediante la armonización de la gestión medioambiental, territorial y de vivienda.
Medio Ambiente
Uno de los ejes principales del área medioambiental va a ser el impulso de la “Ley General de Medioambiente, Cambio Climático y Conservación de la Naturaleza”, como norma que integre y actualice la legislación mediambiental vasca existente, fije los objetivos de reducción de emisiones e incorpore las medidas normativas para articular la lucha contra el cambio climático. La nueva Ley General está llamada a convertirse en la Ley Marco a través de la que impulsar todas las iniciativas de la estrategia ambiental del País Vasco.
En la presente legislatura se llevará a cabo también la evaluación del desarrollo del IV Programa Marco Ambiental y se pondrá en marcha la elaboración de la nueva Estrategia Ambiental Vasca donde el Medio Ambiente se conciba como un factor de prosperidad y bienestar.
Iñaki Arriola ha destacado que el Medio Ambiente es un sector económico emergente, “que debemos convertir en una fuente de oportunidades para la creación de nuevas empresas y generación de nuevos empleos”. Por ello, se potenciará el emprendimiento, y el impulso al empleo verde mediante la colaboración con instituciones y empresas en I+D+i y de los Proyectos de Ecoinnovación en el marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020.
Otro de los ejes de actuación de esta legislatura va a ser la promoción de la economía circular. Esto supone transitar de una economía lineal de producir, usar y tirar hacia un modelo circular inspirado en la naturaleza. Una economía que va más allá de la “economía del reciclado”, pues lo que se busca es que los recursos no se desechen. “Trabajaremos en la desaparición del concepto de basura, residuos o desperdicios para ser vistos como recursos”.
Para impulsar esta nueva filosofía, en coordinación con las Diputaciones Forales, se plantearán instrumentos de “fiscalidad verde”; y de forma complementaria se impulsarán instrumentos económicos que incentiven la reutilización, el reciclaje y la valorización de los residuos.
El departamento apoyará, asimismo, el despliegue de la compra pública verde, para cumplir los objetivos del Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco.
Planificación Territorial
Solo si existe una adecuada planificación territorial se conseguirá un territorio más grato, más sostenible y equilibrado y con mayor potencial de desarrollo.
Por ello, el compromiso del departamento es trabajar en el desarrollo de una Ordenación Territorial que nos permita disfrutar de unas ciudades y pueblos más agradables, saludables y atractivos, evaluando los retos a los que nos enfrentamos -sociales, ambientales, climáticos y energéticos- y desarrollando estrategias que permitan superarlos.
En un primer nivel, según ha afirmado Arriola, se trata de acercar trabajo y residencia, de disponer de un entorno ambiental mejor cuidado y más accesible para toda la gente, de mejorar nuestras oportunidades de empleo y vivienda, y de tener unas infraestructuras, especialmente las de transporte, más eficaces e integradas.
Bajo estas premisas, se acometerá la revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), actualmente en la fase de Avance, como marco de referencia que son de la estrategia territorial. Se comenzará, además, una segunda etapa de revisión y adaptación de los Planes Territoriales, tanto de área (parciales) como sectoriales, a la orientación de las nuevas directrices territoriales. Se hará con la vista puesta en la regeneración urbana, en la accesibilidad universal a los espacios urbanos y rurales, en la incorporación de infraestructuras verdes, en el reflejo territorial de la política social de vivienda, en las nuevas pautas demográficas de baja tasa de natalidad y de envejecimiento de la población, en la pobreza energética…
Así mismo, se va a apostar de forma decidida por la rehabilitación urbana. “Tenemos en nuestras ciudades y pueblos un parque edificado de los más antiguos de Europa y con unas condiciones de accesibilidad y estado de conservación comprometidos, que son los que sirven de alojamiento a una población con una tasa de envejecimiento de las más elevadas y una tasa de natalidad de las más reducidas de Europa”.
En consecuencia, a partir de la actualización del inventario de vulnerabilidad urbana y del diagnóstico de necesidades de intervención en el parque edificado, se va a definir una Estrategia a Largo Plazo de intervención en el parque edificado. Con este objetivo, ha señalado Arriola, “impulsaremos con la necesaria cooperación interinstitucional un nuevo programa de intervención en las ciudades y barrios, que permita planificar intervenciones integrales en los entornos degradados”.
Todos estos procesos se desarrollarán en especial colaboración con las Diputaciones y Ayuntamientos, con sus sociedades públicas y con cuantos agentes estén afectados, y buscando la participación y financiación de programas europeos.
Vivienda
En Euskadi el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho ciudadano reconocido por la ley, elevándolo a un rango similar al que tienen derechos tan esenciales de un Estado social decente como son la sanidad universal, la educación, la renta de garantía o la atención a la dependencia.
El reto principal en esta área es desarrollar los contenidos de la Ley de Vivienda, con el objeto de conseguir que pueda llevarse a la práctica el derecho a una vivienda digna para todas aquellas personas que carecen de medios para disponer de ella.
En este sentido, va a ser necesario desarrollar una ingente labor de desarrollo normativo. En estos momentos solo está desarrollado uno de los reglamentos, el decreto de 15 de marzo de 2016, que creó el depósito de fianzas y del registro de Contratos de Arrendamiento de Fincas Urbanas de la CAE.
El consejero ha destacado que la prioridad en esta materia será la elaboración del reglamento que va a regular el derecho subjetivo a la vivienda, garantizando la vigencia, en el presente y en el futuro, de los derechos sociales derivados de la prestación complementaria de vivienda, y el nuevo desarrollo armónico e integrador del derecho subjetivo la vivienda.
El departamento espera que a lo largo de este año se produzca la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional sobre los artículos de la ley recurridos por el Gobierno central y confía que muchos de los preceptos suspendidos, en especial los referidos a la regulación de las viviendas deshabitadas y su función social, sean levantados.
En el caso especial de los desahucios de inquilinos en alquiler del parque público del Gobierno Vasco, Arriola ha impulsado la puesta en marcha de un nuevo protocolo de actuación, ya trasladado a Eudel, que pretende favorecer las labores de coordinación con servicios sociales de base municipales, mejorar la información confidencial disponible para la toma de decisiones, y colaborar, en su caso, con los colectivos sociales más dinámicos en esta materia, para asegurar el principio básico de que ninguna persona deudora de buena fe sea lanzada por motivos exclusivamente económicos y sin alternativa habitacional.
La Ley de Vivienda da preferencia al alquiler como la forma más adecuada y más justa de atender el derecho a una vivienda digna. Esta apuesta por el alquiler es plenamente coherente, con la evolución de la propia sociedad vasca.
Las restricciones económicas y de financiación, la precariedad del empleo y otros condicionantes socioeconómicos básicos han reconvertido al alquiler las opciones de muchos demandantes de vivienda que, en periodos anteriores, sólo contemplaban la compra como régimen de acceso a una vivienda. Según datos de demandantes de Etxebide el porcentaje de solicitudes en alquiler alcanza el 81,4%, frente al 18,6% en compra.
Para responder a las exigencias de la ley y a esta realidad social, en el ejercicio 2017 se materializará la reflexión estratégica para la elaboración del Plan Director de Vivienda 2017-2019.
El Departamento estima que 18.000 hogares tendrán acceso al derecho subjetivo de vivienda 18.000 hogares hasta 2025. Para hacer políticas de alquiler se necesitan recursos presupuestarios razonables, y los destinados a promover directamente viviendas se han reducido a la mitad de su cuantía en los últimos años.
Por eso, además de reiniciar una oferta razonablemente de nuevos alojamientos dotacionales y viviendas protegidas en alquiler, va a ser necesario centrar las apuestas y los recursos en promover la oferta de viviendas en alquiler mediante la movilización del stock de viviendas vacías a través de los programas de intermediación en el mercado, Bizigune y ASAP. Ello requiere mejorar los incentivos a los propietarios de este tipo de viviendas para facilitar su puesta en el mercado de alquiler protegido en aquellos ámbitos en los que resulte más necesario.
La rehabilitación constituye otra de las vertientes estratégicas más relevantes de la Ley de Vivienda. Como ya se ha comentado, Euskadi cuenta con el parque más antiguo de edificios de toda la Europa del Sur. De los 163.642 edificios existentes en la CAPV, el 43% está construido antes de 1961, según datos del Censo 2011. Existían a tal fecha alrededor de 70.000 edificios con más de 50 años, con los problemas imaginables de conservación, accesibilidad y eficiencia energética. En 2020 serán 89.000 edificios.
Las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITEs) son un instrumento clave para impulsar las políticas de rehabilitación urbana en Euskadi. Incorporan una triple visión en sus dictámenes al asociar e integrar el adecuado mantenimiento y conservación de los edificios con la eficiencia energética y la accesibilidad de los mismos. Este año está previsto refundir la normativa ITE para tener un único reglamento actualizado y avanzar notablemente en el número de edificios inspeccionados.
Con el objetivo de adaptarnos a las necesidades tras la crisis económica y los problemas derivados del acceso a la financiación, se pondrá en marcha una normativa reguladora de ayudas mucho más acorde con las necesidades reales y alineada aún más, con los requerimientos de eficiencia energética y accesibilidad que derivan de la UE (Horizon 2020). Para ello se aprovecharán al máximo los mecanismos de financiación estructural FEDER captados desde el área de vivienda.
