Tras el registro de la iniciativa, el texto fue remitido al Gobierno que, según la Constitución, puede oponerse a la tramitación de iniciativa legislativas que alteren la política presupuestaria sea por supone un aumento del gasto o una disminución de los ingresos.
El Gobierno ha vetado la propuesta de Unidos Podemos para reformar la Ley de Aguas porque supondría un «coste mínimo inicial» de 126 millones de euros a los que, según ha apuntado, habría que añadir otros gastos de difícil cuantificación y que dependen de las medidas a implementarse como consecuencia de las modificaciones legales.
La norma morada, que fue registrada el pasado mes de febrero, se presentó con el objetivo de eliminar el «mercadeo» del agua del Gobierno del PP «basado en los trasvases» y para adaptar la normativa española a las consecuencias del cambio climático, tal y como le está obligando Europa.
Tras el registro de la iniciativa, el texto fue remitido al Gobierno que, según la Constitución, puede oponerse a la tramitación de iniciativa legislativas que alteren la política presupuestaria sea por supone un aumento del gasto o una disminución de los ingresos.
Así, para el Ejecutivo no es factible la aprobación de esta ley porque trata «un aspecto de muy difícil cuantificación, tanto por la definición del colectivo que resultaría favorecido como por la disparidad del coste del recurso según las ciudades».
«Sólo en Barcelona y su área metropolitana hay cerca de 20.000 familias que ya se benefician de ayudas para este fin», ha defendido el Ejecutivo, para señalar que «si el Estado debe asumir como propia la garantía de abastecimiento y saneamiento para las personas que no puedan sufragar esos costes» habría, al menos, que «duplicar esta cifra» y calcular el coste de agua por familia, teniendo en cuenta las disparidades de las tarifas económicas, dependiendo de los municipio.
Cambios en los planes hidrológicos
«Con una estimación de 40.000 familias beneficiarias y 225 euros/año, el coste para las arcas públicas se situaría en unos 9.000.000» de euros, señalado el Ejecutivo en el documento en el que expone las razones de este veto, y que ha sido recogido por Europa Press.
Pero, además, el Gobierno señala que las medidas relativas a los objetivos de planificación, provocarán un aumento de los costes «por los estudios de redacción de los planes hidrológicos de 3º Ciclo (horizonte 2021-2027) que se estiman en 40.000.000 de euros».
Del mismo modo, se alega que estos de los planes hidrológicos deberán coordinarse con los Planes Especiales de Sequía y con los Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones, cuyo calendario, de acuerdo con la Directiva de Inundaciones, es también 2018-2021 y supondrán un coste estimado de 40.000.000 de euros. Mientras, otros 10 millones se calculan en lo que respecta a la elaboración de estudios coste-beneficio de las obras que definen los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, entre otros posibles gastos.
