La propuesta de AENA de ampliar el aeropuerto del Prat a costa de destruir la laguna de la Ricarda (que cuenta con todas las figuras de protección ambiental a nivel catalpa, estatal y europeo), en previsión de un incremento de vuelos hasta a los 70 o 80 millones de pasajeros / año ha recibido el apoyo de los lobbys de la gran patronal y los sectores políticos de derechas, incluyendo el Consejero de Digitalización y Territorio, y el de Economía.
Por el contrario, Jordán, que es la responsable de defender la biodiversidad e impulsar la acción climática, ha callado sin plantear ninguna objeción al proyecto.
Los ecologistas se preguntan si callando otorga, y si ésta es la coherencia del Gobierno y la Consejera con la Declaración de Emergencia Climática que la Generalitat adoptó en 2019. Por otra parte, este fin de semana el sector de la pesca de arrastre en Cataluña hace una huelga contra la decisión de la Unión Europea de recortar las capturas de la flota de arrastre en un 40% antes de 2025. Una decisión que llega tardísimo, pues ya el 2020 se tenía que haber conseguido que todas las poblaciones de peces de interés comercial manejara de forma sostenible.
Teresa Jordà, en contraste con su silencio sobre la destrucción del Delta del Llobregat, ha salido rápidamente en defensa de los pescadores de arrastre y, por tanto, se ha posicionado para mantener la destrucción de los fondos marinos y las poblaciones de fauna marina que provoca esta forma de pesca. La Consellera ha hecho un comunicado y ha visitado varias cofradías de pescadores. Y todo ello, sin haberse reunido ni escuchado a las organizaciones ecologistas catalanas, ni haber consultado con los expertos científicos que hacen un seguimiento de la biodiversidad marina desde hace décadas, como es el caso del CEAB-CSIC de Blanes o la Instituto de Ciencias del Mar – CISC o el propio IPBES.
Los máximos organismos europeos de referencia en la materia, como el Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) son inequívocos en señalar que el 83% de los stocks pesqueros del Mediterráneo están sobreexplotados. Más aún, la evidencia científica nos dice que la pesca de arrastre libera el carbono acumulado en el fondo marino y, por tanto, incrementa su papel en la emisión de gases de efecto invernadero que están detrás de la crisis climática.
Y, a pesar de toda esta evidencia de la mala gestión de la pesca, el Consejo de la Unión Europea sigue repartiendo cuotas por encima de la propuesta de la Comisión Europea, basada en criterios científicos, a que el Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación español sigue publicitando como un «triunfo nacional».
Las quejas de la administración de la Generalitat alegando que se debería retrasar la aplicación de la nueva normativa en 2030, en lugar de 2025 no tienen ningún fundamento. Esta decisión es fruto de muchos años de negociaciones y se sabía que este arte de pesca sería progresivamente prohibido. La inacción irresponsable de los diferentes gobiernos (catalán, español, comunitario) en relación a la reconversión de la flota de arrastre en otros utensilios de pesca más selectivos y respetuosos no pueden ser una justificación para pedir ahora el atraso de una medida necesaria pero que se queda corta y ya llega tarde.
Son necesarias medidas urgentes para ayudar a esta reconversión de la flota de manera que no se pierdan los puestos de trabajo pero, al mismo tiempo, se tienda a la recuperación de los ecosistemas marinos. La defensa a ultranza de la Consejera Jordán de un arte de pesca devastador con la naturaleza choca frontalmente con toda la legislación y la planificación ambiental europea. Contradice los principios del Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Biodiversidad 2.030 (ya de por sí totalmente insuficientes), y vulnera tanto la Política Pesquera Comunitaria (PPC) como la Directiva Marco de la Estrategia Marina (DMEM).
Por ello, la organización ecologista insta al Departamento de la Consejera Jordán a aplicar políticas que permitan la transformación del sector pesquero catalán hacia sistemas más respetuosos con el medio marino, las que también mantengan los puestos de trabajo y contribuyan a la soberanía alimentaria del país. Ecologistas en Acción seguirá defendiendo la protección de la biodiversidad marina y la acción urgente y contundente para detener el cambio climático, dos políticas que representan el interés general, incluso, de aquellos sectores que hoy trabajan en sentido contrario a estas demandas .
El bienestar humano y la propia economía dependen de conservar los recursos naturales y proteger los servicios ecosistémicos, como señala sin lugar a dudas las diferentes disciplinas científicas, desde la ecología, la economía ambiental o la ecología política. Resulta suicida mantener o incrementar los impactos sobre la naturaleza, como es el caso de la ampliación del aeropuerto o la pesca de arrastre: son políticas que llevan sólo beneficios para unos pocos y sufrimiento y degradación de las condiciones de vida para a toda la población.