Las noticias de las últimas semanas sirven de ejemplo del creciente odio que partidos de ultraderecha demuestran contra las personas extranjeras que residen en España, las personas que defienden el ecologismo o el respeto por el medio ambiente, así como por las mujeres.
Prueba de ello son las numerosas muestras de violencia protagonizadas por la sinrazón de las personas que siguen estas ideologías extremas y para nada democráticas.
Una realidad que ha despertado, todavía más, la preocupación por parte de organizaciones ecologistas que ven cómo estas corrientes de ultraderecha cada vez cogen más presencia y más fuerza en distintos países de la Unión Europea.
Luchar ante la escalada impune de la ultraderecha
Ecologistas denuncian la represión y el incremento de las agresiones contra activistas ecologistas y señalan que la causa de la escalada de este tipo de violencia pueda encontrarse en el avance de las ultraderechas xenófobas, misóginas y antiecologistas que van ganando posiciones en la UE.
Asimismo, remarca la responsabilidad del Estado en la represión que sufre el movimiento ecologista y recuerda que este tiene la obligación de proteger a las personas que defienden el medioambiente y la justicia ecosocial.
El pasado 12 de junio, en la localidad andaluza de Arcos de la Frontera, el presidente de la asociación AMA-Natura Ecologistas en Acción sufrió una agresión por parte de un individuo, posteriormente identificado por la Policía local. Además de fuertes golpes, recibió insultos por su discapacidad, lo que agrava aún más este suceso.
En Águilas (Murcia), en la noche del 16 de junio, alguien arrojó gasolina y prendió fuego a la puerta de la vivienda del veterano ecologista Pedro Costa Morata, profesor jubilado de la Universidad Politécnica de Madrid y Premio Nacional de Medio Ambiente. Un aviso llegó a la Policía local y dos de sus agentes pudieron sofocar a tiempo el fuego, evitando una tragedia mayor.
En los primeros días de julio, Ecologistas en Acción Sierras- Comunidad de Madrid supo que la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso que pedía que se ampliaran las investigaciones (realizando triangulación de los teléfonos móviles) acerca del principal sospechoso del incendio del coche del activista Adolfo Rodríguez, en la noche del 24 de abril de 2024.
Quemar un coche, tratar de quemar una vivienda o agredir con puñetazos e insultos. No son hechos inéditos en la historia del movimiento ecologista, pero sí son muestra de que la violencia va en aumento: “En estos tres casos recientes vemos cómo se dibuja una pauta. El aumento de los discursos de odio por parte de la ultraderecha en contra del movimiento ecologista y del activismo por la defensa de los derechos ambientales y sociales supone un caldo de cultivo para el incremento de las agresiones”, afirman.
Al mismo tiempo, cuestionan el papel del Estado y remarcan su responsabilidad. En el marco del acto “Luchas y avances del movimiento ecologista en España” del pasado 10 de julio, organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en homenaje a los movimientos ecologistas, Ecologistas en Acción recordó que “el Estado es también un actor represivo contra el activismo ecologista”.
Desde 1987 se han registrado numerosos casos de persecución judicial, policial o de ciertas Administraciones públicas en contra de activistas ecologistas: sanciones administrativas, detenciones y procesos de judicialización son las principales estrategias de represión que han ejercido los actores estatales a lo largo de estas décadas.
Los ecologistas alertan de la inacción
Aun así, para los ecologistas, el papel del Estado “no solo se limita a su acción directa en estas prácticas represivas, sino también a la inacción frente a otras formas de criminalización perpetradas por actores privados y empresariales, como difamaciones, estigmatización, hostigamiento, acoso, amenazas y agresiones”.
En febrero de 2024, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Defensores del Medio Ambiente en virtud de la Convención de Aarhus, Michel Forst, alertó de que, en el Estado español, la represión y criminalización del movimiento ecologista es cada vez más visible en la legislación y las políticas públicas. Asimismo, señaló cómo se ha llegado a categorizar al activismo ecologista de “amenaza terrorista” (Extinction Rebellion) y a criminalizar a movimientos ecologistas de desobediencia civil pacífica al considerarlos “organizaciones criminales” (Futuro Vegetal).
Además, Forst denunció el uso de medidas de investigación y vigilancia en contra de activistas ecologistas basadas en la legislación sobre delincuencia organizada, como el seguimiento por parte de la Policía hasta sus hogares, la intervención de teléfonos, el allanamiento de casas, registros o arrestos en los lugares de trabajo, así como la infiltración de policías en movimientos ecologistas.
“El primer paso para reconocer y celebrar la lucha del movimiento ecologista en todas estas décadas es garantizar que esta pueda ser llevada a cabo sin represión estatal, protegiendo a las y los activistas del creciente número de agresiones que fomentan los discursos de odio propagados principalmente por las ultraderechas”, afirman.
En este sentido, recuerdan que el Estado tiene la obligación de proteger a las personas que defienden el medioambiente, e instan a que adopte las medidas necesarias para propiciar un entorno seguro para su trabajo, investigar las agresiones sufridas, y sancionar a los responsables de cualquier forma de violencia en contra de activistas.
Rechazan con contundencia todo tipo de represión y criminalización hacia el movimiento ecologista y sus activistas, cuyos derechos a ejercer su labor por la defensa del medioambiente están reconocidos por diversas declaraciones, resoluciones y compromisos en el marco del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Además, advierten contra una atmósfera social de crispación y odio instigada por la ultraderecha, que alienta las agresiones contra los y las defensoras del medio ambiente.
“No vamos a permitir ningún tipo de amedrentamiento por parte de la ultraderecha, que trate de impedir y limitar nuestro legítimo trabajo por la defensa del medioambiente y la justicia ecosocial. Vamos a poner en marcha todas las herramientas, acciones y redes de apoyo que sean necesarias para acompañar y proteger a los miembros de la organización que sufran cualquier tipo de criminalización por su activismo”, concluyen. ECOticias.com
