Cantabria estrena ley de control ambiental con varios puntos clave en esta nueva normativa: reduce trámites administrativos, eleva multas y contará con una unidad de inspección específica. Así lo aprobó hace unos días el Gobierno de cántabro acerca de este proyecto de ley que tiene como objetivo reducir las duplicidades administrativas, además de facilitar la llegada de inversiones a Cantabria mientras se garantiza la protección del medio ambiente de la comunidad.
«Esta ley viene para hacer más fácil las inversiones económicas en Cantabria y defender el medio ambiente con las mismas garantías que se venía haciendo hasta ahora», ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, al dar a conocer esta nueva ley.
Además, subraya el consejero, esta nueva normativa nace para impulsar la corresponsabilidad público-privada por medio del establecimiento de medidas correctoras para reparar o compensar posibles daños ambientales que se produzcan, aparte de fomentar la participación social.
Cantabria aprueba la ley de control ambiental que crea una unidad de inspección
El Gobierno de Cantabria ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de control ambiental, que reduce trámites con la introducción de la declaración responsable previa para los proyectos de menor impacto, refuerza la inspección con la creación de una unidad específica y eleva las multas, que pueden alcanzar medio millón de euros.
El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha anunciado en rueda de prensa la aprobación de este proyecto de ley que tiene como objetivo, ha subrayado, reducir los trámites administrativos y las duplicidades, facilitar la llegada de inversiones a Cantabria y garantizar la protección del medio ambiente.
Media ha avanzado que el Ejecutivo regional espera remitir hoy al Parlamento de Cantabria el proyecto de ley para su tramitación y aprobación «de forma razonable y rápida», ha confiado. «Creo que esta es una ley buena para Cantabria, que ha venido para perdurar en el tiempo», ha defendido.
Y ha tendido la mano del Gobierno para las negociaciones que se abren ahora en la Cámara regional con el objetivo de que esta nueva ley, que sustituye a la «obsoleta» Ley de Control Ambiental Integrado, del año 2006, salga adelante con el mayor consenso posible. «Esta ley viene para hacer más fácil las inversiones económicas en Cantabria y defender el medio ambiente con las mismas garantías que se venía haciendo hasta ahora», ha aseverado.
Se elimina la Comisión de Control Ambiental en Cantabria
Entre los principales cambios para agilizar trámites se encuentra la eliminación de la Comisión de Control Ambiental, un órgano administrativo que debía reunirse y emitir informe, y para cubrir sus funciones comprobatorias se prevé, por un lado, la figura de la declaración responsable para asuntos o actuaciones «de escaso impacto» y, por otro, el informe directo de la Dirección General en los de mayor repercusión.
En los supuestos de menor impacto ambiental ya no habrá que pasar así por este órgano, cuyo dictamen podía demorarse «meses», según ha señalado el propio consejero. Con la nueva norma bastará con que el interesado y el técnico emitan esa declaración responsable indicando que se cumplen los requisitos, lo que permitirá poner en marcha la actividad con una comprobación que hará la Administración a posteriori.
«Eso les va a permitir poner ya en marcha su actividad y, posteriormente, la Administración comprobará que toda la documentación está en regla y que la actividad coincide con lo declarado y con la normativa vigente. Si existe alguna irregularidad, se procederá a la inmediata clausura de la actividad y serán sancionados tanto el promotor como el técnico responsable», ha explicado el titular de Medio Ambiente.
Además, en las actividades de mayor relevancia ambiental se sustituye la Comisión de Comprobación Ambiental por el informe, preceptivo y vinculante, que emitirá la Dirección General de Medio Ambiente, que centralizará la recepción de los informes sectoriales necesarios. La Dirección General será la que pida directamente los informes preceptivos a los departamentos que tengan que emitirlos en un proceso más ágil.
Así mismo, con la nueva ley será la comunidad autónoma la responsable de otorgar las Autorizaciones Ambientales Integradas (AII) y las Evaluaciones Ambientales, y de emitir los informes de comprobación ambiental, «descargando así de trabajo a los ayuntamientos», que tendrán la competencia de vigilar y controlar las actividades sujetas a comprobación ambiental.
Más inspección y multas más altas
La ley busca alcanzar el máximo nivel de protección del medio ambiente, agilizar la burocracia y evitar duplicidades, y establecer un control administrativo ambiental previo a la puesta en marcha de determinadas instalaciones y una supervisión posterior.
También impulsar la corresponsabilidad público-privada, establecer medidas correctoras para reparar o compensar posibles daños ambientales y fomentar la participación social. El texto prevé también la posibilidad de poner en marcha medidas cautelares urgentes para casos en los que sea necesaria una inmediata actuación ante un riesgo grave.
En estos supuestos la Administración se reserva la facultad de paralizar la actividad, precintar tanto las instalaciones como la maquinaria e, incluso, retirar y decomisar los productos.
Asimismo, la ley incrementa las cuantías de las sanciones, que pueden ir desde los 200 euros, en el caso de las leves, hasta los 500.000 euros, para las muy graves.
Y para asegurar el cumplimiento de la normativa, el consejero ha señalado que se incide en la labor de control, para lo que, de momento, la Consejería cuenta ya con cuatro inspectores, aunque ha avanzado que se trabaja en un cambio en la Relación de Puestos de Trabajo para poder crear una unidad específico de inspección. La inspección también se refuerza a través de la regulación del Plan de Inspección de las Autorizaciones Ambientales Integradas y de los Programas de Inspección Ambiental Integrada.
«Esta futura ley tiene una clara vocación de simplificación administrativa, con la decidida voluntad de reducir y agilizar los trámites y la carga burocrática que soportan las empresas y los ciudadanos en cualquier actividad sometida a algún tipo de control ambiental y, al mismo tiempo, que las actividades necesarias para conseguir el progreso de la región puedan convivir en armonía con la protección del medio ambiente», ha concluido Media. EFE / ECOticias.com
